La trampa del gasto público: cuándo la austeridad se convierte en excusa
Cada reforma fiscal que propone un gobierno llega acompañada de la misma letanía: «No hay dinero». «Las finanzas están en rojo». «Debemos apretarnos el cinturón». Es un discurso tan familiar en nuestras latitudes que ya casi no lo cuestionamos. Y ahí está el problema. Cuando la escasez presupuestal se presenta como un hecho incuestionable, una realidad física imposible de alterar, dejamos de hacer las preguntas que deberíamos estar formulando: ¿Escaso para quién? ¿Escaso comparado con qué? ¿Y quién decidió que así debía ser?
El gasto público no es una fuerza de la naturaleza. No es lluvia que cae del cielo ni sequía que agosta los campos sin que podamos hacer nada. Es una decisión política, tomada por personas que pueden decidir diferente. Sin embargo, la forma en que se presenta—como una restricción inevitable, casi tan inamovible como la gravedad—nos convierte en espectadores pasivos de nuestro propio presupuesto nacional. Aceptamos la premisa y, consecuentemente, los remedios que proponen quienes argumentan desde esa premisa.
El juego de los números
Cuando un gobierno dice que «no hay dinero», rara vez especifica dónde podría haberlo. Tampoco explica por qué año tras año, los mismos gobiernos encuentran recursos para subsidiar grandes empresas, condonar deudas corporativas o ampliar privilegios fiscales a sectores concentrados. En México, por ejemplo, el gasto tributario anual—es decir, lo que el Estado deja de percibir por excepciones fiscales—supera en ocasiones los 700 mil millones de pesos. Dinero que simplemente no se cobra porque existe un régimen especial, una exención, un incentivo para alguien.
En Colombia, durante años se ha mantenido un sistema tributario que favorece desproporcionadamente a grandes corporaciones mientras que trabajadores independientes y pequeños comerciantes cargan con tasas efectivas más altas. En Perú, la informalidad fiscal es estratégica para ciertos sectores que operan en la penumbra legal. El dinero no desaparece; simplemente fluye hacia direcciones que nadie parece querer interrogar cuando llega el momento de «justificar» una reforma.
La ilusión de la austeridad responsable
El discurso de la restricción presupuestal genera un efecto psicológico poderoso. Evoca la imagen de una familia que gasta más de lo que gana y, por tanto, debe hacer sacrificios. La metáfora es seductora pero fundamentalmente engañosa. Un Estado no es una familia. Puede emitir deuda, recaudar impuestos, regular economía y, en casos extremos, crear dinero. Una familia no puede hacer ninguna de esas cosas. Aplicar lógica doméstica a las finanzas públicas es un error categórico que, sin embargo, domina el debate público.
Este error no es accidental. Resulta enormemente conveniente para ciertos actores que la población acepte que «las cuentas no cierran» como algo dado, como una verdad científica indiscutible. Porque si la gente cree que no hay dinero, no pedirá educación pública de calidad, hospitales mejor equipados, o investigación científica financiada. Pedirá menos. Se conformará con lo poco que le den. Y, crucialmente, no cuestionará por qué los ricos siempre encuentran dinero para sus proyectos.
¿Quién define la escasez?
La realidad es que toda restricción presupuestal es, antes que nada, una decisión sobre prioridades. Un gobierno que dice no tener dinero para pensiones dignas pero sí para comprar equipamiento militar costoso está diciendo algo muy claro sobre qué valora. Un Estado que recorta presupuesto educativo mientras mantiene exoneraciones tributarias para ciertos sectores está tomando una posición política, no obedeciendo a las leyes de la física.
En Latinoamérica, donde históricamente hemos cargado con sistemas tributarios regresivos—donde pagan proporcionalmente más los pobres que los ricos—la invocación de la «restricción presupuestal» se convierte en justificación para no cambiar estructuralmente el problema. Reformar realmente implicaría confrontar intereses establecidos. Es mucho más cómodo describir el dinero como inexistente que admitir que existe pero está siendo destinado a otros lados.
El llamado a la reflexión
No se trata de negar que los presupuestos tienen límites. Por supuesto que existen restricciones. Lo que se trata es de insistir que esas restricciones no son neutrales ni naturales. Son el resultado de decisiones previas: decisiones sobre cómo se recauda, quién paga, cuánto se perdona a quién, cuáles sectores reciben subsidios, cuáles no.
La próxima vez que escuches a un funcionario público decir que «no hay dinero» para una política social que beneficiaría a millones, pregúntate: ¿Es verdad que no hay dinero, o es verdad que hay dinero pero va a otro lado? Porque en política, casi siempre hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Y esa diferencia es donde reside la verdadera conversación que debemos estar teniendo.
Información basada en reportes de: El Financiero