La trampa del gasto público: cuándo la austeridad se convierte en excusa política
En cada ciclo electoral, un fantasma recorre los despachos presidenciales de América Latina: la crisis fiscal. Los gobiernos llegan a sus tribunas con cifras alarmantes, gráficas descendentes y una conclusión inevitable: no hay dinero. De ahí surge la necesidad de reformas tributarias, ajustes a pensiones, recortes a programas sociales. El argumento es presentado como matemática pura, casi como una ley de la naturaleza. Pero detrás de esa aparente objetividad se esconde una decisión política que rara vez cuestionamos.
El problema no es que los gobiernos carezcan de presupuesto. El problema es cómo se construye el relato sobre lo que es «gasto público irrefutable» y lo que puede ser sacrificado. Cuando un ministro de hacienda entra a un noticiero y dice que «no hay margen para más gasto», lo que realmente está diciendo es que ciertas prioridades son intocables mientras otras pueden negociarse. Y esa jerarquía de prioridades nunca es tan objetiva como pretende serlo.
Tomemos un ejemplo concreto: México gastó aproximadamente el 5.9% de su PIB en educación en 2022, mientras países como Costa Rica destinaban el 8% y Uruguay el 6.5%. ¿Por qué la diferencia? No porque México sea más pobre —su economía es la segunda de la región—, sino porque históricamente ha priorizado otros gastos: defensa, servicios de deuda, subsidios a empresas. Cuando un gobierno mexicano anuncia que «no hay presupuesto» para educación, lo que ocurre es que la educación perdió una batalla política, no una batalla contra las leyes de la economía.
La deuda como cortina de humo
El discurso contemporáneo de la austeridad se apoya fuertemente en el argumento del servicio de la deuda. Es cierto que países como Argentina, Chile y Perú han enfrentado ciclos de endeudamiento que consumen porciones significativas del presupuesto. Pero aquí surge una pregunta incómoda: ¿quién endeudó a estos países y por qué?
En muchos casos, las deudas públicas latinoamericanas no financiaron escuelas o carreteras, sino rescates bancarios, compras de armamento o decisiones macroeconómicas cuestionables tomadas décadas atrás. Bolivia acumuló deuda en los 80s bajo políticas del Banco Mundial que resultaron contraproducentes. Perú contrató crédito durante gobiernos autoritarios para obras que nunca se completaron. Chile, bajo la dictadura, se endeudó para financiar privatizaciones que luego generaron crisis sociales.
Invocar esa deuda histórica como razón para congelar el gasto social actual es una forma de transferir la responsabilidad de errores del pasado a quienes menos responsables fueron de ellos. Es pedir a los jóvenes de hoy que no reciban educación de calidad porque sus abuelos contrajeron deuda bajo gobiernos que ellos no eligieron.
El gasto «incuestionable» que sí cuestionamos
Lo que resulta verdaderamente instructivo es observar qué gastos permanecen fuera del debate sobre austeridad. En 2023, los gobiernos latinoamericanos destinaron aproximadamente $140 mil millones a defensa y seguridad. Simultáneamente, cortaban programas de atención infantil temprana. ¿Dónde estaba el análisis de costo-beneficio entonces?
Brasil mantiene subsidios agrícolas dirigidos a latifundistas por miles de millones anuales mientras reduce becas universitarias. Colombia gasta en servicios de deuda lo que nunca gastará en infraestructura rural. El patrón es consistente: hay dinero para todo, excepto para lo que molesta a ciertos grupos de poder.
Esto no significa que las restricciones presupuestales sean ficción. Existen. Pero son restricciones políticas, no leyes de física. Son decisiones sobre prioridades, sobre qué grupos merecen protección estatal y cuáles deben autoproveerse. Son, fundamentalmente, actos de poder.
Hacia una conversación honesta
Lo que necesita cambiar es el lenguaje de la inevitabilidad. Cuando un gobierno propone una reforma tributaria basándose en restricciones presupuestales, debería ser más honesto: «Hemos decidido que ciertos gastos tienen mayor prioridad que otros». Entonces podríamos debatir esa decisión abiertamente, no aceptarla como un mandato de los mercados.
Los ciudadanos latinoamericanos merecen saber que hay margen de maniobra, que hay opciones. Que la diferencia entre un país que invierte en educación y uno que la recorta no es la disponibilidad de recursos, sino la voluntad política de asignarlos. Ese debate es incómodo para los gobiernos. Pero es el único debate que importa.
Información basada en reportes de: El Financiero