La cumbre que divide mientras pretende unir
En los últimos días, Washington ha convocado a una cumbre internacional de seguridad con un objetivo que genera inquietud en múltiples sectores: coordinar esfuerzos de países aliados para combatir lo que definan como terrorismo de extrema izquierda. La iniciativa, que reunirá a representantes de aproximadamente 60 naciones, refleja un giro en la política exterior estadounidense que merece ser analizado desde la perspectiva de quiénes somos en América Latina.
Lo particular del evento es que, apenas horas antes de su realización, ni siquiera se había dado a conocer la lista completa de participantes. Esta falta de transparencia inicial genera preguntas legítimas: ¿quién decide qué es terrorismo? ¿Bajo qué criterios se define la ‘extrema izquierda’? ¿Cuáles serán las consecuencias para los movimientos sociales democráticos de nuestros países?
Una definición problemática en contexto latinoamericano
Para aquellos de nosotros que cubrimos movimientos sociales, comunidades y vida cotidiana, la terminología es crucial. En América Latina, tenemos experiencia dolorosa sobre cómo se etiquetan las luchas populares. Hemos visto cómo gobiernos autoritarios han clasificado como terroristas a maestros en huelga, campesinos reclamando tierra, defensores de derechos humanos y activistas ambientales.
La historia nos enseña que las definiciones de seguridad nacional han sido instrumentalizadas para reprimir disidencia legítima. Desde operaciones encubiertas durante la Guerra Fría hasta intervenciones más recientes, el concepto de amenaza ha sido elástico y ha servido para justificar acciones contra movimientos que simplemente exigían justicia social.
¿Qué implicaciones tiene para nuestras comunidades?
Cuando potencias globales se reúnen bajo la bandera de la seguridad, quienes trabajan en territorios donde fermentan conflictos sociales deben estar atentos. Una cumbre antiterrorista con sesenta países tiene capacidad de influir en políticas domésticas, en financiamiento de fuerzas de seguridad, en definiciones legales que atraviesan nuestras fronteras.
En México, donde los movimientos sociales son vibrantes y complejos—desde luchas magisteriales hasta defensa de territorios indígenas, desde movilizaciones por desaparecidos hasta resistencia ambiental—una iniciativa de este tipo podría reconfigurar cómo se trata a quienes protestan. No necesariamente mediante acciones visibles, sino mediante políticas de inteligencia, financiamiento de aparatos de seguridad con orientaciones específicas, o presión diplomática sobre gobiernos.
La paradoja de una seguridad que fragmenta
Llama la atención que una cumbre que pretende unir al mundo en contra de una amenaza común sea, en realidad, un evento que profundiza divisiones. La participación selectiva de 60 países implica exclusiones. Las alianzas que se fortalezcan aquí definirán confrontaciones geopolíticas que nos afectarán a todos.
América Latina no es un bloque monolítico. Nuestros países tienen historias distintas de relación con Washington, posiciones diversas sobre seguridad y gobernanza. Algunos gobiernos verán en esta iniciativa una oportunidad de acceso a recursos y apoyo estratégico. Otros la verán con desconfianza, especialmente aquellos que han experimentado presión internacional sobre derechos humanos o autonomía política.
Lo que debe preocuparnos
Como periodistas con sensibilidad por los derechos, debemos estar atentos a cómo esta cumbre se traduce en acciones concretas. ¿Se endurecerán marcos legales? ¿Se ampliarán capacidades de vigilancia? ¿Se financiarán operaciones que afecten a organizaciones civiles legítimas? ¿Se criminalizará la disidencia bajo nuevas etiquetas?
Las comunidades que cubrimos—las que luchan por tierra, educación, medio ambiente, justicia—necesitan que alguien observe atentamente cómo sus derechos se ven afectados por decisiones tomadas en salones diplomáticos a miles de kilómetros.
Una invitación a la reflexión crítica
Mientras Washington coordina estrategias de seguridad, nosotros debemos seguir haciendo lo que nos corresponde: preguntar con empatía y rigor cuáles son los verdaderos intereses en juego, qué comunidades podrían resultar afectadas y cómo se define la seguridad cuando se habla de ella desde el poder versus desde abajo.
La seguridad verdadera no se construye solamente con coordinación militar o aparatos represivos. Se construye con justicia, con acceso a derechos, con espacios para la disidencia pacífica y con reconocimiento de las demandas legítimas de nuestros pueblos. Una cumbre que ignora esto, mientras etiqueta amenazas, debería hacernos reflexionar profundamente sobre en qué mundo se está construyendo.
Información basada en reportes de: El Financiero