La brecha entre promesas y realidad
El retiro de visas a los López Beltrán ha reabierto un debate fundamental sobre la justicia, la corrupción y la pérdida de credibilidad gubernamental. Lo que comenzó como un caso específico de una familia expresidencial se ha convertido en síntoma de un problema más profundo: la incapacidad del gobierno actual para aplicar justicia de manera contundente y coherente.
Cuando López Obrador llegó al poder, capturó el hartazgo social de una población cansada de abusos, corrupción y falta de oportunidades. Sus promesas fueron claras: acabar con la corrupción, perseguir a los delincuentes de cuello blanco y transformar un país fracturado. Seis años después, la realidad contrasta dramáticamente con esas promesas. No solo los expresidentes nunca fueron enjuiciados, sino que la estructura de gobierno bajo Morena replicó exactamente lo que prometía combatir.
Una corrupción sistémica sin límites
El problema no se limita a los López Beltrán. Gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, regidores y funcionarios de seguridad local han sido señalados por enriquecimiento inexplicable. La diferencia con gobiernos anteriores radica en la escala y el cinismo: mientras se pregonaba una lucha frontal contra la corrupción, se permitía que esta se enquistara en todas las capas de la administración pública.
Lo más grave es que quienes deberían aplicar justicia ahora están atados de manos. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una realidad incómoda: no puede «recular» sin cuestionar los fundamentos de su propio gobierno. Ha perdido la narrativa y el discurso necesario para recuperar credibilidad ante una sociedad que cada vez confía menos.
El doble rasero de la justicia
Un caso emblemático: ¿por qué los hijos de funcionarios no asisten a las universidades públicas que tanto promueven? ¿Por qué no se atienden en los hospitales del sector salud que presuntamente mejoraron? ¿Por qué nunca se ve a funcionario alguno hospitalizado en instituciones de gobierno?
Estas preguntas exponen una verdad incómoda: existe un doble estándar. Se predica un discurso de austeridad y mejora de servicios públicos para las masas, mientras la élite política mantiene sus privilegios intactos. La percepción social es clara: la inseguridad no disminuye, la delincuencia sigue creciendo y los funcionarios siguen enriqueciéndose.
Cuando la complicidad se normaliza
El narcotráfico se enquistó en la estructura del gobierno actual porque fue rentable. Lo que comenzó como un acuerdo tácito de supervivencia evolucionó hacia una participación activa en la distribución de beneficios ilícitos. Hoy, gobernadores morenistas firman misivas condenando el retiro de visas a los López como si fueran víctimas de una injusticia.
Pero la pregunta que nadie se atreve a formular públicamente es: ¿los López harían lo mismo por ellos? La respuesta es evidente. Lo que existe es un pacto de silencio y protección mutua que beneficia solo a unos cuantos mientras el país sigue deteriorándose.
La lección de promesas incumplidas
Este no es el primer intento de «vender espejos» de una mejor calidad de vida. Carlos Salinas de Gortari y su programa Solidaridad prometieron transformación. Algunos lugares como Valle de Chalco efectivamente experimentaron cambios, pero fueron excepciones que brillan más por contraste que por regla. La mayoría del país siguió igual, mientras la delincuencia crecía bajo la connivencia oficial.
La lección es clara: un gobierno que no puede o no quiere aplicar justicia de manera uniforme pierde toda credibilidad. Cuando la corrupción se convierte en un sistema, cuando la impunidad es la norma y no la excepción, la sociedad deja de creer en las instituciones.
Un futuro incierto
Las próximas elecciones mostrarán si candidatos cuestionados por vínculos con la delincuencia logran presentarse bajo la bandera de Morena. Si lo hacen sin consecuencias, la marca de agua del «narco partido» y el «narco gobierno» se hará indelible. Y si la sociedad sigue avalando estos hechos, entonces estaremos frente a una «narco sociedad» donde la subcultura de la corrupción y el crimen se ha normalizado completamente.
La justicia no es un instrumento selectivo. O se aplica para todos, o no es justicia. Mientras esta verdad fundamental no se asimile en las altas esferas del gobierno, la narrativa seguirá perdiéndose, la credibilidad seguirá erosionándose y el país seguirá en picada.