La jungla de cables fantasma que sofoca a la Ciudad de México
Imagina subir la vista hacia los postes de luz en cualquier avenida de la Ciudad de México. Lo que ves no es solo un entramado de cables eléctricos. Es un caos estratificado: líneas de internet, ductos de fibra óptica, cableado telefónico, infraestructura de televisión de pago. Algunas de esas líneas llevan años sin transmitir ni un bit de información. Otras nunca llegaron a funcionar correctamente. Y todas, sin excepción, comparten espacio en una estructura de soporte que fue diseñada para algo mucho más simple.
La noticia reciente sobre la remoción de casi 2,000 kilómetros de cables inactivos en la capital mexicana parece un triunfo de organización y limpieza urbana. En realidad, es apenas un parche sobre una herida que sigue sangrando. El problema no termina cuando se retiran los cables viejos. Termina —si es que termina— cuando existe un marco regulatorio que evite que vuelva a ocurrir.
Décadas de falta de planificación
La acumulación de infraestructura de telecomunicaciones en los postes mexicanos es el resultado de tres décadas de decisiones fragmentadas. Cada operador —Telmex, Izzi, Totalplay, Star+, compañías eléctricas locales— instaló sus propias líneas sin coordinación centralizada. No había incentivos para compartir infraestructura. No había penalizaciones por dejar cables obsoletos en su lugar. Y definitivamente no había un organismo que dijera: «Oigan, esto es un desastre que va a empeorar».
En América Latina, este fenómeno es casi universal. Brasil, Colombia, Perú enfrentan problemas similares en sus grandes ciudades. La diferencia es que algunos países han comenzado a legislar al respecto. México, como es frecuente, descubrió el problema cuando ya era insostenible.
¿Por qué importa más allá de la estética?
No se trata solo de que la ciudad se vea menos caótica. Hay tres consecuencias tangibles que afectan directamente a la población:
Primero, la seguridad eléctrica. Cables obsoletos colgando de postes pueden generar riesgos de cortocircuito, especialmente en temporada de lluvias. Los técnicos que trabajan en estas infraestructuras no siempre saben cuál cable está activo y cuál no. Es un accidente anunciado.
Segundo, la inversión en nuevas infraestructuras. ¿Cómo puede una ciudad expandir su red de 5G o fibra óptica cuando los postes ya están saturados? Operadores nuevos o pequeños no pueden competir porque no tienen espacio físico donde instalar sus equipos. Es un problema de economía política disfrazado de logística.
Tercero, el costo de mantenimiento.** Cada cable fantasma requiere inspección, documentación, eventual remoción. La ciudad termina pagando por infraestructura que nunca usó.
La solución requiere más que retirada de cables
La limpieza de 2,000 kilómetros de cables es importante, pero es cosmética sin un sistema que la acompañe. Lo que falta en México —y en buena parte de Latinoamérica— es:
Un registro centralizado. Cada operador debe documentar exactamente qué tiene en cada poste, cuándo se instaló y si sigue activo. Transparencia radical.
Regulación de ocupación. Los postes tienen capacidad limitada. Debería haber una autoridad que asigne espacio según criterios de eficiencia, no según quien llegó primero.
Responsabilidad por desmantelamiento. Si una operadora abandona servicio, debe retirar su infraestructura en un plazo definido. Hoy no hay consecuencias por dejar cables muertos.
Acceso abierto. En algunos países europeos, la infraestructura de postes es gestionada por entes públicos que arrendan espacio a múltiples operadores. Competencia real, menos duplicación.
El patrón latinoamericano
Lo interesante —y frustrante— es que este problema no es nuevo ni sorprendente para nadie que haya trabajado en regulación de telecomunicaciones en la región. Ha habido reportes, advertencias, recomendaciones desde hace años. Pero requiere coordinación entre agencias gubernamentales (Profepa, Cofetel, gobiernos locales), operadores privados con intereses contrapuestos, y especialistas en planificación urbana. En América Latina, esa coordinación es un lujo.
La Ciudad de México, con todo lo que representa en términos de poder político y recursos, tenía mejores condiciones que la mayoría de ciudades latinoamericanas para resolver esto primero. Que lo haya dejado llegar a 2,000 kilómetros de cables basura es revelador.
¿Qué viene después?
Por ahora, el gobierno capitalino celebra la remoción de cables obsoletos como un logro ambiental y de modernización. Es válido. Pero si en cinco años volvemos a estar aquí —nueva acumulación de cables, nuevo caos— habremos confirmado que fue solo limpieza de síntomas, no cirugía del sistema.
La pregunta que debería obsesionar a los tomadores de decisión es esta: ¿Qué mecanismos impiden que esto vuelva a suceder? Si la respuesta es silencio incómodo, entonces la Ciudad de México acaba de pagar por un respiro, no por una solución.
Información basada en reportes de: Xataka.com.mx