Un paso atrás en la justicia para niños y niñas violentados
En México, cada día decenas de menores sufren abuso sexual. Detrás de cada cifra hay un rostro, una infancia rota, un silencio que pesa como piedra. Por eso, cuando desde las instituciones se cierran puertas a herramientas que podrían ayudar a estas víctimas a ser escuchadas, el golpe resuena en las comunidades más vulnerables del país.
Hace poco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentó una propuesta importante: incorporar lo que se conoce como «perspectiva de trauma» en los procesos judiciales que atienden casos de violencia sexual contra menores. Una ministra había planteado esta metodología como una forma de humanizar la justicia, de reconocer que los niños y niñas traumatizados no responden como adultos a las preguntas de fiscales y jueces. Pero la propuesta fue rechazada por la mayoría del tribunal.
¿Qué significa la perspectiva de trauma?
Para entender lo que se perdió en esa votación, hay que saber qué es esta herramienta. La perspectiva de trauma reconoce que cuando una persona, especialmente un menor, ha vivido una experiencia violenta, su cerebro y su cuerpo responden de maneras que parecen «incoherentes» para quien no entiende el daño psicológico.
Una niña abusada sexualmente puede no recordar detalles en orden. Puede tener inconsistencias en su relato. Puede congelarse emocionalmente o, paradójicamente, parecer «desinteresada» al hablar de lo que vivió. No es porque miente. Es porque el trauma fragmenta la memoria, disuelve la capacidad de expresar lo sucedido de manera lineal. Un juez sin esta perspectiva puede interpretar esas respuestas como falta de credibilidad. Y entonces, la víctima es revictimizada por el sistema que debería protegerla.
Países como Colombia, Argentina y Chile han avanzado en la incorporación de esta perspectiva en sus sistemas de justicia penal. Entrenan a fiscales y jueces para reconocer los síntomas del trauma, para hacer preguntas de forma diferente, para crear espacios menos hostiles durante las declaraciones. No es un favor a las víctimas; es reconocer la realidad científica del daño psicológico.
Una realidad que duele en México
En México, los números son devastadores. Según organismos defensores de derechos, aproximadamente ocho de cada diez menores que sufren abuso sexual nunca lo reportan. Y entre quienes sí lo hacen, muchos enfrentan procesos judiciales donde sus palabras son cuestionadas, donde deben revivir el horror una y otra vez sin apoyo especializado.
Las comunidades indígenas, las niñas en zonas de conflicto armado, los menores en situación de pobreza extrema: todos enfrentan barreras adicionales. El rechazo de la Corte a esta herramienta significa que seguirán sin acceso a mecanismos que reconozcan su realidad traumática como válida, como prueba de lo que vivieron.
Las voces que quedaron sin eco
La ministra que propuso esta perspectiva no estaba sola. Organizaciones defensoras de derechos humanos, psicólogos forenses, y colectivos de víctimas han documentado cómo la falta de sensibilidad al trauma agrava el daño. Cada interrogatorio insensible es una herida adicional. Cada sentencia que ignora la incoherencia del trauma como señal de veracidad es una negación de justicia.
Lo que sucedió en la Corte no es solo un rechazo técnico a una metodología. Es un mensaje que llega a las comunidades: el sistema no está dispuesto a cambiar para protegeros. Es una decisión que afectará a miles de menores en años venideros, cuando sus casos lleguen a juzgados que seguirán interpretando el trauma como incredulidad.
¿Qué sigue ahora?
El rechazo de la Corte no cierra el debate. Hay espacio para que legislaturas estatales avancen por su cuenta, para que colectivos de víctimas sigan exigiendo cambios, para que académicos sigan demostrando la necesidad de esta perspectiva. Pero mientras tanto, la brecha entre lo que la ciencia y la experiencia internacional recomiendan y lo que México aplica se mantiene abierta.
En las aldeas, en las ciudades, en los pueblos de este país, hay menores cargando traumas en silencio. La justicia mexicana tiene la responsabilidad de escucharlos, no como números en expedientes, sino como seres humanos cuyo dolor merece ser comprendido. Hoy, la Corte decidió que no, al menos no de esta manera. La pregunta incómoda que queda es: ¿cuántos años más tendrán que esperar los niños y niñas de México para que la justicia los vea como lo que son: víctimas que merecen herramientas especializadas para ser oídas?
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx