La coordinación fiscal: el pacto que México necesita urgentemente
Cuando hablamos de coordinación fiscal en México, frecuentemente nos quedamos en tecnicismos que adormecen al ciudadano común. Sin embargo, detrás de estos términos administrativos existe una pregunta fundamental: ¿cómo distribuimos los recursos públicos entre diferentes niveles de gobierno de manera justa y eficiente?
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no es un invento reciente. Sus raíces se remontan a las Convenciones Nacionales Fiscales, encuentros donde estados y federación se sentaban a negociar cómo compartirían los ingresos tributarios. Aquello que comenzó como un mecanismo de negociación se ha convertido en el andamiaje que sostiene la capacidad operativa de nuestras entidades locales.
México enfrenta un momento crítico en esta materia. Los gobiernos estatales y municipales dependen en exceso de las transferencias federales—en algunos casos, más del 90% de sus ingresos provienen de la capital. Esta dependencia crónica genera un círculo vicioso: gobiernos locales sin poder tributario real, con escasa capacidad de decisión y, paradójicamente, con creciente responsabilidad en la prestación de servicios básicos.
La lección que otros países ya aprendieron
No somos los únicos en esta encrucijada. En toda América Latina, países como Brasil y Argentina han experimentado crisis similares cuando sus estructuras fiscales federales se tornaron rígidas e inequitativas. Brasil, con su Fondo de Participación de Estados, enfrenta tensiones similares a las nuestras, donde estados ricos subsidian a los pobres sin que exista un incentivo claro para aumentar la recaudación local.
Lo que distingue a las federaciones más funcionales es que logran equilibrios: descentralización tributaria genuina, pero con fondos de cohesión que aseguran equidad territorial. Alemania y Suiza lo demuestran: sus gobiernos locales tienen potestad real para recaudar impuestos, lo que genera rendición de cuentas directa con sus ciudadanos.
El problema de la rigidez actual
Nuestra coordinación fiscal padece de anquilosamiento. Las fórmulas de distribución, pensadas para realidades de hace décadas, no reflejan las dinámicas actuales de crecimiento desigual, despoblamiento en ciertas regiones y concentración en zonas metropolitanas. Además, existen múltiples fondos con criterios dispares que confunden más que iluminan la asignación de recursos.
Cuando un municipio recibe recursos sin haber participado en su obtención, disminuye su incentivo para mejorar su recaudación local o gestionar eficientemente sus ingresos. ¿Para qué ampliar el catastro si el presupuesto municipal está predeterminado por decisiones federales?
¿Fortalecer significa descentralizar o reformular?
Aquí está el nudo de la cuestión: ¿qué queremos decir exactamente por fortalecer el sistema? Si significa mayor transferencia de poder tributario a estados y municipios, hay que estar preparados para una redistribución del poder político. Si implica ajustar fórmulas para que sean más equitativas, necesitamos criterios que reflejen necesidades reales, no solo población histórica.
La propuesta debe incluir cinco elementos: primero, mayor transparencia en cómo se distribuye cada peso; segundo, incentivos para que gobiernos locales mejoren su recaudación propia; tercero, fondos específicos para compensar desigualdades territoriales sin crear dependencia; cuarto, evaluación periódica de resultados; quinto, espacios permanentes de negociación donde estados tengan voz real, no solo consulta decorativa.
El riesgo de la inacción
Mantener el statu quo no es una opción neutral. Cada año que pasa con un sistema rígido, gobernadores y presidentes municipales pierden credibilidad ante sus ciudadanos porque no pueden cumplir promesas con presupuestos que no controlan realmente. Las entidades federativas se quejan, pero sin alternativas claras. Y la federación se ve atrapada, financiando servicios que otros administran.
Necesitamos un debate público honesto sobre esto. No es técnico ni aburrido: es sobre quién decide cómo gastamos los impuestos que pagamos. Y eso, definitivamente, es política en el mejor sentido de la palabra.
Información basada en reportes de: El Financiero