La paradoja del acceso a la salud en México
En América Latina persiste una contradicción estructural que define el sistema de salud mexicano: el discurso oficial promete cobertura universal y bienestar para todos, mientras que en la práctica existe un mercado de servicios médicos privados que atiende a quienes tienen capacidad económica. Esta realidad no es nueva, pero continúa siendo un reflejo de las desigualdades que caracterizan a nuestras sociedades.
Cuando funcionarios públicos hablan de salud, frecuentemente utilizan un lenguaje que enfatiza la equidad y el acceso igualitario. Sin embargo, datos de la Organización Panamericana de la Salud demuestran que aproximadamente el 40% del gasto en salud en México proviene de bolsillo de los ciudadanos, una de las cifras más altas en la región. Esto significa que millones de mexicanos optan por servicios privados no porque confíen más en ellos, sino porque perciben insuficiencias en la red pública.
El sistema dual de salud y sus consecuencias
México cuenta con un esquema donde coexisten instituciones públicas como el IMSS e ISSSTE, sistemas de salud estatales, y un robusto mercado privado de aseguradoras y hospitales. Esta fragmentación genera que ciudadanos con diferentes ingresos reciban cuidados sanitarios de calidad muy dispar.
Según análisis de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en países como México las élites económicas utilizan seguros privados que les garantizan acceso inmediato, menor tiempo de espera y oftalmología, cirugía y especialidades de forma rápida. Mientras tanto, la población de menores ingresos depende de instituciones saturadas donde los tiempos de espera pueden extenderse meses para procedimientos que en el sector privado se realizan en semanas.
Esta realidad genera un efecto secundario preocupante: la población con recursos no invierte en mejorar el sistema público porque obtiene servicios satisfactorios en la esfera privada. Sin presión política de sectores influyentes, la transformación institucional se ralentiza.
Cifras que hablan de desigualdad
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 65 millones de mexicanos carecen de seguro de salud adecuado. Entre tanto, el gasto en seguros privados creció 8% anual entre 2015 y 2020, indicador de que para quienes pueden permitírselo, la opción privada sigue siendo atractiva.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestra que solo el 35% de la población económicamente activa tiene acceso a servicios de salud a través de su empleo. El resto depende de instituciones públicas o asume costos catastróficos cuando enferma.
Contexto latinoamericano
Esta brecha entre el discurso y la realidad no es exclusiva de México. En Argentina, Chile, Colombia y Perú existen dinámicas similares. Colombia, por ejemplo, aprobó hace décadas un sistema de salud con vocación universal, pero mantiene un sector privado robusto donde quienes pueden acceden a mejores servicios. Chile, considerado modelo en la región, enfrenta crisis periódicas que demuestran que la cobertura privada no resuelve las insuficiencias sistémicas.
El Banco Interamericano de Desarrollo ha documentado que en toda la región latinoamericana, entre el 30% y 50% del gasto en salud proviene de bolsillo, porcentaje que debería preocupar porque implica que enfermedades catastróficas pueden arruinar economías familiares.
¿Qué sucede con los mensajes públicos?
Cuando autoridades sanitarias y políticos comunican sobre salud, generalmente enfatizan logros en cobertura, vacunación o ampliación de servicios. Estos anuncios no son falsos, pero frecuentemente omiten contextualizar la calidad y accesibilidad real de esos servicios. Es un dilema comunicacional común: presentar avances sin reconocer limitaciones puede generar expectativas que la realidad no satisface.
Caminos posibles
Experiencias en Costa Rica, donde la salud pública ha tenido inversión sostenida durante décadas, demuestran que sistemas universales fortalecidos pueden funcionar incluso en contextos de recursos limitados. La clave está en decisiones políticas consistentes y financiamiento predecible.
Para México, esto significaría ampliar genuinamente la capacidad del sistema público, reducir tiempos de espera, mejorar calidad en hospitales generales, y considerar que una población sana es inversión económica, no gasto.
Mientras tanto, la realidad persiste: quien puede pagar accede a servicios diferenciados. Y los comunicados oficiales continúan hablando de bienestar colectivo.
Información basada en reportes de: El Financiero