El pulso entre plataformas y artistas por el dinero del streaming en Chile
Mientras millones de chilenos disfrutan de películas y canciones desde sus teléfonos, una batalla silenciosa se desarrolla en los pasillos del gobierno. Spotify, Netflix y las principales disqueras están ejerciendo presión sobre las autoridades para frenar una iniciativa legal que busca crear un impuesto específico a las plataformas de transmisión digital. Lo que parece un debate técnico entre ejecutivos tiene consecuencias directas en la billetera de artistas independientes y en el futuro de la industria creativa nacional.
¿Qué es la ley Tommy Rey y por qué genera tanta presión?
El proyecto de ley que genera toda esta conmoción propone crear un canon —un tributo específico— sobre los ingresos que generan servicios de streaming en el país. La idea no es nueva en América Latina. Varios países han explorado mecanismos similares buscando que parte de las ganancias de plataformas globales se destinen a creadores locales y a fondos de cultura.
El contexto es claro: mientras plataformas como Spotify generan ingresos cercanos a los US$ 120 millones anuales en Chile, muchos artistas —especialmente músicos independientes y productores audiovisuales— reciben migajas por sus obras. Una canción necesita ser escuchada millones de veces para generar ganancias significativas. Los compositores, técnicos de sonido y pequeñas productoras sufren mientras las plataformas acumulan ganancias multimillonarias.
El argumento del TLC: ¿amenaza real o táctica de presión?
Las empresas han sacado su arma más potente: advierten que esta ley podría comprometer el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Este argumento busca presionar al gobierno señalando riesgos macroeconómicos, como si un impuesto sectorial pudiera deshacer acuerdos comerciales internacionales.
Sin embargo, otros países han implementado gravámenes similares sin que sus TLC se derrumben. Francia, por ejemplo, ha establecido sus propias regulaciones sobre plataformas digitales. El argumento, aunque impactante en la prensa económica, mezcla temas distintos: regulación fiscal doméstica versus compromisos comerciales internacionales.
¿Cuál es el impacto en tu bolsillo y en la cultura?
Para el usuario promedio de streaming, el debate podría traducirse en pequeños aumentos de suscripción si las plataformas deciden traspasar el costo. Pero el verdadero impacto es cultural. Fondos de este tipo podrían financiar festivales, residencias artísticas, estudios de grabación accesibles y educación musical.
En el resto de América Latina, iniciativas similares han permitido a países como Argentina y Brasil crear fondos de apoyo a productores independientes. Chile, como economía desarrollada en la región, tiene la oportunidad de liderar modelos que equilibren el éxito empresarial con el apoyo a creadores locales.
Los números detrás de la polémica
Los US$ 120 millones anuales que mueve el streaming en Chile representan una cifra significativa. Si una fracción de esos ingresos —digamos entre 2% y 5%— se destinara a un fondo de cultura, se estaría hablando de US$ 2.4 a 6 millones anuales para artistas y productores. En un país de 19 millones de habitantes, esos recursos podrían tener un impacto real.
Las plataformas argumentan que reducir su rentabilidad afectaría su inversión en contenido local. Es un argumento válido, pero también es el que siempre presentan las grandes corporaciones cuando se cuestiona su modelo de negocios.
¿Quién prevalecerá en esta disputa?
La historia reciente sugiere que las grandes corporaciones tecnológicas tienen ventaja en estas negociaciones. Su capacidad de cabildeo, acceso a altos funcionarios y argumentos sobre empleo e inversión suelen ganar en los gobiernos latinoamericanos. Pero la presión de artistas, pequeños productores y audiencias que demandan apoyo a la cultura local también crece.
Lo que está en juego va más allá de una ley fiscal: es la pregunta de quién financia la cultura en la era digital y cómo se distribuyen las ganancias cuando los creadores son locales pero las plataformas son globales. La respuesta que Chile dé al proyecto de ley Tommy Rey podría inspirar —o desalentar— iniciativas similares en toda la región.
Información basada en reportes de: Www.df.cl