La diputada María Graciela Gaitán Díaz (PVEM) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para garantizar atención médica integral, especializada e inmediata a recién nacidos prematuros en México. La propuesta busca cerrar vacíos legales que actualmente ponen en riesgo la vida de miles de bebés y sus familias.
Una realidad que no puede esperar
Según la Organización Mundial de la Salud, un nacimiento prematuro ocurre antes de las 37 semanas de gestación. En México, entre 180 mil y 200 mil bebés nacen prematuramente cada año, enfrentando riesgos inmediatos derivados de la inmadurez de órganos y sistemas vitales.
Sin atención médica especializada, estos recién nacidos pueden desarrollar complicaciones graves: síndrome de dificultad respiratoria, sepsis neonatal, hemorragias cerebrales, enterocolitis necrosante y retinopatía del prematuro, que puede causar discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva.
¿Qué propone la reforma?
La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, reforma los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud para establecer explícitamente la obligación de garantizar:
- Atención médica inmediata y especializada
- Estabilización clínica y monitoreo continuo
- Tratamientos médicos necesarios
- Vigilancia hospitalaria y seguimiento de complicaciones
- Coordinación interinstitucional y continuidad de atención
La propuesta también obliga a las autoridades competentes a establecer mecanismos, procedimientos y acciones necesarias que incluyan referencia, contrarreferencia y continuidad hospitalaria cuando resulte necesario.
Justicia social desde el nacimiento
«La justicia social comienza desde el nacimiento, por lo que ninguna niña o niño prematuro debe enfrentar una desventaja estructural por falta de atención médica especializada», enfatiza Gaitán Díaz.
La diputada subraya que actualmente el problema es más grave: la supervivencia de un recién nacido prematuro depende de factores estructurales como la entidad federativa de nacimiento, la capacidad hospitalaria local, la disponibilidad de incubadoras, la existencia de terapia intensiva neonatal y el acceso a neonatólogos capacitados.
«Esta realidad refleja desigualdad territorial históricamente acumulada. No puede permitirse que la expectativa de vida de una persona recién nacida sea determinada por su código postal o nivel socioeconómico», advierte.
Un vacío legislativo que genera incertidumbre
Aunque la Ley General de Salud contempla atención materno-infantil, la regulación respecto a personas recién nacidas prematuramente resulta insuficiente. Esto genera vacíos operativos que ponen en riesgo vidas y obliga a miles de familias a enfrentar diariamente incertidumbre, gastos extraordinarios y barreras institucionales para acceder a atención neonatal especializada.
Por eso, la reforma no puede abordarse únicamente como un evento obstétrico, sino como una prioridad de salud pública y justicia social.
Beneficios esperados
De aprobarse estas reformas, se lograría:
- Reconocer jurídicamente al prematuro como prioridad de atención
- Fortalecer la protección a la primera infancia
- Reducir la mortalidad neonatal
- Disminuir la desigualdad territorial en acceso a servicios especializados
«Fortalecer la protección neonatal significa construir un país más igualitario, preventivo, humano y comprometido con el bienestar colectivo», concluye la diputada Gaitán Díaz.