Cuando compras, el gobierno también gana: el negocio de gravar lo que consume
Cada vez que pasas por la tienda de conveniencia y compras un refresco helado, una bolsa de papas o un chocolate, una porción de ese dinero no va completamente al comerciante. Aproximadamente 132 mil millones de pesos en solo seis meses van directo a las arcas gubernamentales mexicanas gracias a un mecanismo que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera identifica claramente: el impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a productos que el gobierno considera nocivos para la salud pública.
Esta cifra no es menor. Para ponerla en perspectiva, representa recursos que podrían destinarse a hospitales, escuelas o infraestructura, pero que primero pasan por filtrar el consumo de alimentos y bebidas de alto riesgo nutricional. Es un impuesto invisible que moldea nuestras decisiones de compra sin que muchos lo noten.
¿Cómo funciona este gravamen en tu carrito de compras?
El mecanismo es simple aunque efectivo. El gobierno mexicano aplica un porcentaje adicional al precio de venta de productos específicos: refrescos y bebidas azucaradas, cervezas y bebidas alcohólicas, snacks ultraprocesados y tabaco. No aparece como una línea separada en tu recibo, sino que ya está incorporado en el precio final que ves en la etiqueta.
Cuando compras una bebida gaseosa de dos litros a 25 pesos, ya estás pagando aproximadamente 1.5 pesos de impuesto. En el caso de un paquete de papas fritas, varios pesos extras se deben a este gravamen. Para los fumadores, la carga es aún mayor: los cigarrillos tienen de los impuestos más altos del mercado.
Dinero recaudado, pero ¿con qué propósito?
México adopta esta estrategia tributaria desde 2014, cuando implementó por primera vez gravámenes a bebidas azucaradas. La justificación oficial es doble: por un lado, desalentar el consumo de productos vinculados con obesidad, diabetes e hipertensión, males que afectan desproporcionadamente a la población mexicana. Por otro, generar ingresos fiscales para el estado.
Con 132 mil millones de pesos en apenas medio año, hablamos de una estrategia fiscal que funciona. Esto equivale a aproximadamente 22 mil millones de pesos mensuales, una cifra que muchos gobiernos latinoamericanos quisieran replicar en sus sistemas tributarios.
El debate de América Latina sobre el impuesto a la salud
México no está solo en esta tendencia. Chile, Perú, Colombia y varios países centroamericanos han implementado impuestos similares a productos ultraprocesados. Algunos estudios sugieren que estas medidas sí reducen el consumo, especialmente entre poblaciones de menores ingresos, aunque el efecto varía según el país y la altura del gravamen.
La región enfrenta una crisis de sobrepeso y enfermedades crónicas. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la obesidad en América Latina afecta a más de una cuarta parte de la población adulta. Los impuestos al consumo se presentan como una herramienta para combatir este problema mientras se generan recursos públicos.
¿Quién paga realmente este impuesto?
Aquí está lo importante para tu bolsillo: los impuestos a productos chatarra afectan desproporcionadamente a los hogares con menores ingresos. Una familia que gasta el 30% de su presupuesto en alimentos ultraprocesados termina pagando más en porcentaje de sus ingresos que una familia acomodada que puede permitirse productos más saludables y frescos.
Esto genera una paradoja incómoda: el gravamen busca desincentivrar el consumo de productos dañinos, pero quienes más los consumen son justamente quienes menos pueden permitirse alternativas más saludables y caras.
El impacto real en tu consumo diario
En términos prácticos, estos impuestos hacen que los refrescos sean aproximadamente 8-10% más caros de lo que serían sin el gravamen. Las bebidas azucaradas se encarecen, mientras que el agua y bebidas sin azúcar mantienen precios más competitivos. Los snacks saludables, generalmente no gravados, se vuelven relativamente más atractivos en comparación.
Para un consumidor promedio que gasta 50 pesos semanales en refrescos y alimentos chatarra, esto significa aportar aproximadamente 2 mil pesos anuales a través de estos impuestos sin darse cuenta.
¿Funcionan estos impuestos para mejorar la salud?
Los resultados son mixtos según la evidencia internacional. Algunos países reportan reducciones en el consumo de bebidas azucaradas de entre 5% y 15% tras implementar estos gravámenes. Sin embargo, el efecto es temporal en algunos casos, pues las empresas ajustan estrategias de marketing y los consumidores buscan alternativas.
Lo que sí está claro es que el dinero recaudado en México—132 mil millones en seis meses—debe justificar su existencia con resultados en salud pública. La pregunta que muchos ciudadanos deberían hacerse es: ¿dónde van exactamente estos recursos y qué impacto tienen en programas de nutrición y prevención de enfermedades crónicas?
Mirando hacia adelante
Mientras México continúa expandiendo su base de productos gravados y ajustando las tasas fiscales, es momento de reflexionar sobre la efectividad real de estos impuestos. ¿Son suficientes para cambiar hábitos o simplemente aumentan los precios para los más pobres? La respuesta probablemente esté en el equilibrio entre recaudación, desincentivo real del consumo y destino de los recursos obtenidos.
Lo único seguro es que cada compra que haces en un supermercado o tienda de conveniencia ya tiene incorporado este cálculo tributario. La próxima vez que pagues por un refresco, sabrás que parte de tu dinero está financiando las arcas del estado bajo la promesa de cuidar la salud pública mexicana.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx