Gobierno vs. realidad: la batalla por la verdad sobre inseguridad en México
Las autoridades de diferentes niveles de gobierno han encontrado un nuevo culpable para explicar la percepción de inseguridad que aqueja a los ciudadanos: los medios de comunicación y las redes sociales. Según su narrativa, estos espacios orquestan ‘campañas’ en contra de sus administraciones. Mientras tanto, se escudan en datos del INEGI sobre reducción de la percepción de inseguridad, ignorando deliberadamente una distinción crucial: percepción no es realidad.
Este es el punto de quiebre en el discurso oficial. Las encuestas del INEGI miden percepciones subjetivas, no hechos tangibles. La apertura de más carpetas de investigación, sin embargo, no se traduce automáticamente en justicia aplicada. Las fiscalías carecen del personal, capacidad y recursos necesarios para perseguir delitos de manera efectiva. El resultado es simulación a gran escala, y la sociedad sigue pagando los platos rotos.
Percepción vs. evidencia: ¿quién tiene razón?
Existe una diferencia fundamental entre opiniones fundamentadas y narrativas oficiales. Los opinólogos, columnistas y periodistas que denuncian la inseguridad no se esconden bajo anonimatos ni seudónimos. Tienen nombres y apellidos. Sus análisis se sustentan en videos, fotografías y hechos documentados que circulan diariamente en redes sociales y medios digitales.
Por el contrario, quienes detentan el poder gobiernan desde una burbuja. Pierden objetividad sobre lo que realmente ocurre en la calle, convencidos de que todos tienen la vida resuelta como ellos. Apropian ideas ajenas, las presentan como propias y construyen cortinas de humo para manipular la opinión pública. Esta es la marca registrada del ejercicio del poder en México: independientemente de quién gobierne, siempre buscan imponer una verdad única.
El caso de la inseguridad en la Zona Oriente
Un ejemplo ilustrativo es el de la actual administración estatal. Cada día afirma que inseguridad y delitos disminuyen. Si sumamos los números que repiten diariamente, los cálculos simplemente no cuadran. Ya no habría delincuencia, ni robos, ni crímenes en ninguna región del Estado de México.
Observemos la Zona Oriente, donde presuntamente el ‘Mando Único’ ha logrado reducir índices delictivos. Semana tras semana, municipios como Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Ecatepec, Texcoco y Tlalnepantla se tiñen de rojo. La violencia no cede. Pero según la narrativa oficial, la percepción de la sociedad está ‘equivocada’.
Manipulación de números: la herencia de ‘otros datos’
Esta táctica de distorsionar información no es nueva. El gobierno anterior fue maestro en ella con su concepto de ‘otros datos’. La estrategia era simple: comparar muestras con magnitudes macro para minimizar problemas.
Durante la pandemia de COVID-19, si México registraba un millón de muertes de 120 millones de habitantes, representaba ‘solo’ el uno por ciento. Desde esa lógica perversa, no había de qué preocuparse. El gobierno minimizaba la catástrofe sanitaria argumentando que evitaba pánico, cuando en realidad buscaba contener el descontento social y político.
México terminó con más de un millón de fallecidos y ocupó el lugar 30 en acciones de salud pública a nivel mundial. La inoperancia gubernamental fue absoluta, pero los números se manipularon para tranquilizar a una población que tenía derecho a la verdad.
Derechos de audiencia vs. autocracia informativa
Aquí radica la pregunta fundamental: ¿acaso la sociedad no tiene derecho a escuchar voces discordantes? ¿A conocer análisis críticos que contrastan con la narrativa oficial?
Si lo que dice el gobierno no es correcto —y la realidad diaria demuestra que no lo es—, entonces los derechos de las audiencias se reducen a escuchar pasivamente, sin derecho a cuestionamiento. Esto es autocracia pura.
El partido Morena, a través de su propuesta de ‘Cuarta Transformación’, ya ha comenzado a aplicar candados a radio y televisión. La prensa escrita será el siguiente objetivo. Finalmente, intentarán controlar las redes sociales, último reducto donde aún existe libertad para publicar y cuestionar.
Libertad de expresión: un derecho bajo asedio
La realidad que vive la mayoría de la sociedad mexicana no es lineal. Exige múltiples perspectivas: política, cultural, social, económica. No puede consumirse únicamente lo que el poder decide transmitir. Cada ciudadano tiene derecho a construir su propia comprensión de la realidad, basada en información plural y voces identificables.
El desafío actual es defender este derecho fundamental: la libertad de acceso a información veraz y la libertad de expresión crítica. Porque cuando el gobierno afirma que ‘no pasa nada’, la experiencia cotidiana de millones de mexicanos prueba que sí pasa. Y mucho.