Energía a cambio de salud: la historia no contada de una comunidad otomí
En el oriente de Michoacán, en el municipio de Hidalgo, existe una comunidad indígena otomí cuyo destino quedó marcado hace más de tres décadas por una decisión que priorizó la generación de energía sobre la protección de sus habitantes. San Matías El Grande vive desde entonces una crisis sanitaria silenciosa: tasas anómalas de insuficiencia renal crónica que los pobladores vinculan directamente con la instalación de una central geotermoeléctrica en su territorio.
Este caso representa un patrón recurrente en América Latina: comunidades —frecuentemente indígenas o de bajos recursos— que cargan con los costos ambientales y sanitarios de proyectos energéticos que benefician a poblaciones distantes. No se trata de un fenómeno aislado, sino de una deuda ambiental acumulada durante décadas, donde el acceso a electricidad en ciudades se financia literalmente con la salud de quienes viven en las zonas de explotación.
¿Qué ocurre bajo tierra en una central geotermoeléctrica?
Las centrales geotermales aprovechan el calor interno de la Tierra para generar electricidad. Aunque en teoría representan una fuente más limpia que los combustibles fósiles, su operación no es neutral ambientalmente. El proceso requiere extraer agua caliente desde profundidades considerables e inyectar fluidos que pueden contener minerales, químicos y otros compuestos en el subsuelo.
En zonas geotermales activas, estos procesos pueden modificar la composición química del agua subterránea —la fuente principal de consumo en comunidades rurales como San Matías El Grande—. La presencia de arsénico, boro, litio y otras sustancias tóxicas en aguas geotermales es documentada científicamente. Cuando estas sustancias se filtran hacia acuíferos locales, el daño renal se convierte en una consecuencia previsible, no en una sorpresa.
Un diagnóstico retrasado, una injusticia permanente
Lo grave del caso michoacano es que durante tres décadas los pobladores han convivido con esta crisis sin que existiera un reconocimiento oficial de la causalidad. Las instituciones de salud pública registran los casos de enfermedad renal, pero la cadena de responsabilidad nunca se cierra. La central sigue operando. La comunidad sigue enfermando.
Este patrón refleja una falla estructural en América Latina: la ausencia de protocolos efectivos de evaluación ambiental y sanitaria antes de instalar proyectos extractivos o de energía en territorios habitados. Cuando se realiza algún estudio, frecuentemente no contempla impactos a largo plazo. Y cuando la comunidad empieza a documentar daños, la responsabilidad corporativa ya se ha disuelto entre capas de regulación débil y corrupción institucional.
El contexto más amplio: energía sin equidad
México genera aproximadamente 3% de su electricidad mediante geotermia, principalmente en campos ubicados en Nayarit, Jalisco, Hidalgo y Michoacán. Estas regiones, paradójicamente, no son las principales beneficiarias del suministro energético que generan. La electricidad se transporta hacia los grandes centros urbanos, dejando tras de sí comunidades con acceso limitado a servicios de salud y sin capacidad de negociación frente a las corporaciones estatales.
En Perú, Guatemala y El Salvador ocurren dinámicas similares con represas, explotación minera y proyectos de plantaciones. Las poblaciones locales pagan el precio ambiental mientras otros cosechan los beneficios económicos.
¿Qué se requiere ahora?
El caso de San Matías El Grande demanda al menos tres acciones inmediatas: primero, una investigación epidemiológica rigurosa que documente la relación causa-efecto entre la operación de la central y la enfermedad renal; segundo, medidas para mejorar la calidad del agua de consumo local; y tercero, mecanismos de reparación y compensación para los afectados.
Pero más allá de este caso específico, es necesario repensar cómo América Latina equilibra su transición energética con la protección de sus poblaciones más vulnerables. La energía limpia no puede construirse sobre territorios contaminados y comunidades enfermas. Esa no es sostenibilidad: es injusticia verde.
La pregunta que enfrentan gobiernos y ciudadanía es clara: ¿cuántas comunidades otomíes, quichés, aymaras o campesinas están dispuestas a sacrificar en el altar de la modernización energética? San Matías El Grande ya pagó su cuota. Es tiempo de que alguien responda por la deuda.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx