La LXII Legisladura del Estado de México aprobó remitir al Congreso de la Unión una iniciativa que propone facultar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para establecer mecanismos de condonación y regularización de deudas acumuladas por gobiernos estatales y municipales. La propuesta, presentada por el legislador Valentín Martínez Castillo de Morena, busca sanear cuentas históricas que han afectado la viabilidad financiera de las administraciones locales durante años.
Un pasivo histórico de 32 mil 500 millones de pesos en la entidad
Según el diputado proponente, los adeudos con la CFE a nivel nacional superan los 53 mil millones de pesos. En el caso específico del Estado de México, la cifra alcanza aproximadamente 32 mil 500 millones de pesos, una cantidad que representa una carga significativa para municipios y dependencias de salud y educación.
«Esta propuesta atiende un problema estructural que ha afectado durante años la viabilidad financiera de nuestros municipios y en buena medida de las entidades federativas», expresó Martínez Castillo desde la tribuna legislativa durante la votación.
¿Qué contempla la reforma a la Ley de la CFE?
La iniciativa, elaborada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, propone que la CFE pueda, mediante lineamientos internos, establecer mecanismos para la condonación parcial o total de adeudos derivados del suministro de energía eléctrica. Esto aplicaría especialmente a instituciones públicas de educación y salud, ya sean federales, estatales o municipales, así como a deudas que formen parte del pasivo histórico de gobiernos locales.
Beneficios directos para municipios y servicios públicos
Entre los principales beneficios identificados en el dictamen se encuentra el alivio financiero inmediato. Al regularizar estas deudas, municipios y entidades federativas podrían liberar recursos para invertir en infraestructura, servicios públicos y programas sociales que atienden a la población más vulnerable.
En el sector educativo y de salud, los beneficios serían particularmente importantes. Escuelas y clínicas que actualmente enfrentan cortes o servicios interrumpidos por falta de pago podrían operar de manera continua, garantizando así la continuidad de los servicios a estudiantes y pacientes.
Modernización energética como condición
La reforma también contempla un componente de modernización. La CFE podría condicionar la condonación de deudas a la implementación de tecnologías más eficientes y sustentables. Esto incluiría la instalación de paneles solares en escuelas, clínicas y oficinas públicas, así como luminarias basadas en tecnología LED en espacios públicos.
Estas medidas no solo reducirían el consumo de energía en el mediano plazo, sino que también disminuirían las facturas eléctricas futuras de estas instituciones, generando ahorros sostenidos.
Un impacto federal cooperativo y neutral presupuestalmente
Según el documento aprobado, la reforma impulsa un federalismo cooperativo más equitativo entre los diferentes niveles de gobierno. Al mismo tiempo, permitiría a la CFE sanear su cartera de clientes morosos, concentrándose en fortalecer su infraestructura y mejorar la calidad del servicio eléctrico nacional.
Los legisladores han clasificado esta medida como de impacto presupuestal neutral en el corto plazo, pero con beneficios positivos significativos a largo plazo tanto para la administración pública como para los usuarios finales del servicio eléctrico.
Respaldo multipartidista en la legislatura mexiquense
La iniciativa obtuvo el respaldo de legisladores de diferentes bancadas. El diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) y Alejandro Castro Hernández (PRI) realizaron aportaciones significativas a la propuesta. Por su parte, la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) reconoció que la reforma ayudará a combatir los pasivos históricos en los municipios, lo cual puede traducirse en una mejora sustancial en la prestación de servicios públicos a nivel local.
Con esta aprobación legislativa, la iniciativa será turnada al Congreso de la Unión para su análisis y votación en el ámbito federal.