TOLUCA, Méx. La Diputación Permanente del Congreso del Estado de México aprobó una reforma electoral de envergadura que reconfiguran el proceso de elecciones locales, establece límites salariales para funcionarios públicos y prohíbe el nepotismo en la administración pública. La medida, declarada constitucional este jueves, será implementada gradualmente a partir de 2030.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través del denominado ‘Plan B’, fue aprobada por la Diputación Permanente presidida por Martha Azucena Camacho Reynoso (Morena) tras cumplirse el requisito de aprobación de la mayoría de los ayuntamientos del estado.
Cambios clave en el proceso electoral
Uno de los cambios más significativos es el adelantamiento del inicio del proceso electoral de enero a septiembre. El Congreso estatal deberá expedir la convocatoria a elecciones ordinarias a más tardar el 15 de septiembre del año anterior a la jornada electoral.
La reforma también establece que las diputadas propietarias no podrán reelegirse para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Sin embargo, las personas diputadas suplentes sí podrán ser electas como propietarias en el periodo siguiente, siempre que no hayan estado en ejercicio. Esta prohibición de reelección consecutiva aplica también para presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, pero entrará en vigor a partir del proceso electoral de 2030.
Nuevas restricciones para evitar nepotismo
La medida incorpora restricciones sin precedentes para combatir el nepotismo. Ninguna persona podrá participar en la elección de una diputación, gobernación o cargo municipal si tiene o ha tenido en los últimos tres años anteriores a la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho con quien ejerza estos cargos.
La prohibición se extiende a relaciones de parentesco por consanguinidad sin limitación de grado en línea recta, hasta el cuarto grado en línea colateral y hasta el segundo grado de afinidad. Estas disposiciones regirán a partir del proceso electoral de 2030.
Restructuración de ayuntamientos y control presupuestario
Los ayuntamientos del estado serán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, cuyo número se definirá en función de la población de cada municipio. La reforma garantiza paridad de género vertical y horizontal, así como perspectiva de género e igualdad sustantiva en la conformación de estos órganos.
En materia presupuestaria, la reforma establece que el presupuesto anual del Congreso mexiquense no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del estado. Esta medida responde a los objetivos de austeridad y eficiencia en el gasto público que impulsa la administración estatal.
Límites salariales para funcionarios públicos
Ninguna persona servidora pública podrá percibir una remuneración superior a la asignada a la titular del Poder Ejecutivo estatal en el presupuesto correspondiente. Esta restricción aplica específicamente a las remuneraciones de consejerías y magistraturas electorales, secretarías de órganos administrativos, titulares de áreas ejecutivas y técnicas del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).
Además, estos funcionarios estarán impedidos de adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por ley.
Apoyo multipartidista
El dictamen aprobado incluyó la iniciativa conjunta presentada por los diputados José Francisco Vázquez Rodríguez (Morena), José Alberto Couttolenc Buentello (PVEM) y Oscar González Yáñez (PT), coordinadores de sus respectivas bancadas. También se integraron propuestas de la legisladora María José Pérez Domínguez (Morena) y del diputado Octavio Martínez Vargas (Morena), además de un proyecto de la bancada del PVEM.
La reforma fue leída por el diputado Román Francisco Cortés Lugo (Morena) y declarada aprobada por Martha Camacho una vez cumplido el requisito constitucional que exige la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos del estado.