Escazú en la encrucijada: ¿puede América Latina avanzar en justicia ambiental?
En un momento donde los megaproyectos extractivos arrasan territorios y los defensores ambientales enfrentan amenazas, América Latina se reunió nuevamente para hablar de lo que debería ser lo más obvio: el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y a participar en las decisiones que afectan su tierra.
La Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú trajo consigo un balance agridulce. Por un lado, existen avances tangibles en el fortalecimiento de mecanismos de democracia ambiental en varios países de la región. Por otro, las organizaciones sociales, pueblos indígenas y defensores del ambiente denuncian que estas victorias sobre el papel no se traducen en protección real para quienes luchan en el terreno.
Un acuerdo nacido de la urgencia
Para entender dónde estamos, hay que recordar por qué Escazú existe. Este tratado latinoamericano, el primero de su tipo, nace en 2018 como respuesta a una realidad que muchos gobiernos preferían ignorar: la necesidad de garantizar derechos fundamentales ante la crisis ambiental. Establece tres pilares: acceso a la información ambiental, participación pública en decisiones ambientales, y acceso a la justicia cuando esos derechos se vulneran.
Suena básico, ¿verdad? Sin embargo, en contextos donde corporaciones mineras tienen más influencia que comunidades locales, donde informes ambientales son clasificados como secreto de Estado, y donde denunciar contaminación puede resultar en amenazas y persecución, estos derechos se vuelven revolucionarios.
Los pasos adelante que nadie debería festejar solos
La COP4 documentó avances en varios frentes. Algunos países han mejorado sus marcos normativos para garantizar acceso a información ambiental. Otros han creado espacios de diálogo más incluyentes. Las instituciones de derechos humanos han fortalecido sus áreas ambientales. Son logros reales, producto del trabajo incansable de organizaciones que no tienen los presupuestos de las petroleras pero que tienen algo más valioso: el compromiso genuino con sus territorios.
Pero aquí viene lo que las autoridades prefieren no mencionar tanto: estos avances llegan tarde para muchos. Mientras se debaten protocolos de participación ciudadana, comunidades indígenas en la Amazonia ven cómo sus bosques arden por invasiones ilegales. Mientras se redactan leyes sobre acceso a la información, defensores ambientales en México, Colombia y Perú reciben amenazas por exigir transparencia sobre proyectos extractivos.
Las deudas pendientes que queman
Organizaciones como COICA —que agrupa a pueblos originarios de toda la cuenca amazónica— han sido claras en señalar las limitaciones. El Acuerdo de Escazú no obliga a gobiernos a rechazar proyectos destructivos; apenas exige que informen sobre ellos y que la gente pueda opinar. Pero ¿qué pasa cuando esa opinión es ignorada? ¿Cuándo gobiernos avalan represas gigantes en territorios indígenas sin consentimiento real?
La implementación sigue siendo desigual. Países con instituciones más robustas avanzan. Otros, donde corrupción y debilidad estatal son endémicas, mantienen el statu quo. Y en muchos casos, la brecha entre lo que dicen los tratados y lo que sucede en la realidad es un abismo que las comunidades deben cruzar solas, frecuentemente bajo riesgo.
Más allá de los acuerdos
Lo que emerge de estas reuniones es una verdad incómoda: los mecanismos legales son necesarios pero insuficientes. Se requiere voluntad política real, financiamiento para instituciones ambientales, y —cosa que a muchos gobiernos les cuesta trabajo— la disposición de ceder poder de decisión a quienes viven y conocen los territorios.
Para comunidades mexicanas enfrentando megaproyectos, para campesinos lidiando con contaminación de acuíferos, para pueblos indígenas defendiendo sus bosques, los acuerdos internacionales son herramientas valiosas pero no son suficientes. Necesitan respaldo local, instituciones que funcionen, y una sociedad civil fuerte.
El siguiente capítulo
La COP4 de Escazú deja lecciones útiles pero también preguntas pendientes: ¿En qué momento los gobiernos latinoamericanos priorizarán la salud de sus poblaciones sobre ganancias corporativas? ¿Cuándo los derechos ambientales dejarán de ser letra muerta? ¿Cómo se logra que la democracia ambiental sea real y no solo retórica?
Mientras estas reuniones continúan, en el terreno el trabajo sigue. Defensoras y defensores ambientales, científicos, indígenas y ciudadanos organizados trabajan por traducir estos acuerdos en protección tangible. Su lucha es el verdadero termómetro de si América Latina está avanzando hacia la justicia ambiental o solo hablando de ella.
Información basada en reportes de: Elespectador.com