Escazú: cuando la voz de la tierra encuentra eco en las políticas públicas
En las entrañas de nuestro continente, donde la selva respira y los ríos cuentan historias ancestrales, se reúnen quienes creen que la democracia ambiental no es un lujo, sino un derecho fundamental. La Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú congregó nuevamente a gobiernos, organizaciones y pueblos indígenas para conversar sobre un tema que late en el pecho de América Latina: ¿quién decide sobre nuestros territorios? ¿Cuya voz realmente importa cuando se trata del futuro de nuestras comunidades?
El Acuerdo de Escazú, ese tratado latinoamericano que muchos desconocen pero que miles defienden, representa un hito sin precedentes en nuestra región. No es simplemente un papel más en las gavetas de las burocracias internacionales. Es el primer acuerdo ambiental regional de América Latina y el Caribe que reconoce explícitamente que el derecho a vivir en un ambiente sano está íntimamente ligado a la posibilidad de participar en las decisiones que lo afectan. Que sepamos qué proyectos se construyen en nuestros territorios. Que podamos decir que no, sin miedo a represalias.
Los avances que deben celebrarse, pero con realismo
Desde su entrada en vigor en 2021, este acuerdo ha representado un cambio de paradigma. Países como México, Costa Rica, Argentina y otros han comenzado a reconocer derechos que parecían lejanos: el acceso a la información ambiental, la participación en decisiones que afectan el entorno, el acceso a la justicia cuando esos derechos son vulnerados. En esta cuarta reunión, los gobiernos han mostrado avances concretos en legislación doméstica, en políticas públicas que intentan operacionalizar lo que fue acordado en conferencias anteriores.
Los números no mienten: hay más personas con acceso a información sobre proyectos ambientales. Hay consultas previas siendo realizadas. Hay mecanismos de participación ciudadana que, aunque aún frágiles, existen donde antes no había nada. Organizaciones que trabajan en defensa ambiental, como la Asociación Ambiente y Sociedad, FARN y FIMA, han documentado estos cambios. No son revolucionarios, pero tampoco son insignificantes. Son señales de que algo se está moviendo en estructuras que parecían inmóviles.
Las deudas que pesan como una losa
Pero aquí viene lo que duele. Mientras se celebran avances institucionales en salones con aire acondicionado, en la cuenca amazónica las cosas lucen muy diferentes. La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) lleva años alertando sobre una brecha colosal entre lo que prometen los tratados y lo que viven los pueblos en el territorio. Los defensores ambientales indígenas siguen siendo asesinados. Las consultas previas siguen siendo meros trámites donde ya está todo decidido. La información ambiental sigue siendo clasificada o incomprensible para quienes no tienen doctorados en ingeniería.
Es como si dijéramos que ganamos una batalla mientras perdemos la guerra. Que ahora tenemos derecho a participar en decisiones, pero que esas decisiones ya están tomadas por corporaciones multinacionales, gobiernos que necesitan inversión extranjera, y estructuras de poder que ven el territorio indígena como un recurso a explotar, no como un hogar a proteger.
Más allá de las conferencias: la realidad cotidiana
Para una madre en una comunidad maya de Yucatán, para un pescador en el Pacífico colombiano, para un campesino en la Amazonía peruana, los acuerdos internacionales son palabras que no cambian sus realidades inmediatas. Siguen sin tener poder real para detener proyectos extractivistas. Siguen siendo criminalizados cuando protestan. Siguen viendo cómo sus territorios son transformados sin su consentimiento genuino.
La verdadera democracia ambiental no se construye solamente en conferencias internacionales. Se construye cuando una comunidad puede decir no a una represa y ser escuchada. Cuando el conocimiento ancestral sobre el cuidado de la naturaleza es valorado tanto como el conocimiento científico occidental. Cuando los derechos de la naturaleza misma —sí, de la selva, del río, de la montaña— son reconocidos como tan válidos como los derechos humanos.
Un camino largo que apenas comienza
Escazú representa una promesa incompleta, un comienzo que debe convertirse en realidad. Los gobiernos tienen la responsabilidad de transformar estos compromisos en protecciones reales. Las organizaciones sociales, los pueblos indígenas y las comunidades afectadas deben mantener la presión, documentar los incumplimientos, y seguir gritando que sus derechos no son negociables.
Porque al final, la democracia ambiental no es un privilegio para documentos internacionales. Es la condición básica para que nuestras comunidades, nuestros territorios y nuestro futuro común tengan voz en las decisiones que determinan su destino. Todavía hay mucho por hacer.
Información basada en reportes de: Elespectador.com