Cuando el derecho a saber se convierte en arma de cambio
En las entrañas de América Latina late una pregunta incómoda: ¿quién decide sobre nuestro territorio? La Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú intentó responder esto, reuniendo a gobiernos, organizaciones indígenas y defensores ambientales en un encuentro que revela tanto los avances como las heridas abiertas de nuestra región.
El Acuerdo de Escazú, firmado en 2018, no es un documento cualquiera. Es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que reconoce explícitamente tres pilares fundamentales: el acceso a información ambiental, la participación pública en decisiones que afecten el entorno, y la protección de quienes defienden el derecho a vivir en un planeta sano. Para millones de mexicanos, campesinos, indígenas y habitantes de zonas contaminadas, esto significa poder decir «no» a proyectos destructivos. Significa tener voz.
Un tratado nacido de la urgencia
La historia de Escazú es la historia de comunidades cansadas. Cansadas de ver cómo proyectos mineros, carreteras y represas se imponían sin consultarlas. Cansadas de respirar aire envenenado sin saber qué fábricas lo contaminaban. Cansadas de que sus líderes ambientales desaparecieran.
México, Colombia, Perú, Brasil: cada país lleva sus propias cicatrices. Los defensores de agua y tierra asesinados. Los ríos que cambiaron de color. Los pueblos indígenas cuyas consultas previas fueron trámites sin sentido. En este contexto, Escazú emerge como un pacto político que dice: esto tiene que cambiar.
Pero un tratado es solo papel si las acciones no lo respaldan. Y aquí es donde la COP4 revela las tensiones reales de nuestra región.
Los avances que inspiran cautela
Durante esta reunión, hubo momentos de esperanza real. La participación de organizaciones indígenas como la COICA—que representa pueblos de toda la cuenca amazónica—demostró que los verdaderos guardianes ambientales finalmente tenían un asiento en la mesa. No como espectadores, sino como expertos del territorio.
Los países avanzaron en instrumentos concretos para fortalecer el acceso a información. Esto significa que una comunidad en Chiapas, en Oaxaca, en cualquier rincón de México, tendrá herramientas legales para exigir saber qué contaminantes hay en su agua, qué impactos traerá un megaproyecto, quién lucra con la extracción de recursos.
También se reconoció formalmente la conexión entre derechos humanos y protección ambiental. Un paso que parece obvio pero que en la práctica política latinoamericana sigue siendo revolucionario.
Las deudas que no se pueden ignorar
Sin embargo, la COP4 también expuso lo que falta. Y son deudas grandes.
Primero: muchos gobiernos firmaron Escazú pero aún no lo ratifican. Es como prometer un cambio sin atreverse a implementarlo. México, por ejemplo, sigue en un limbo legislativo donde los marcos de protección para defensores ambientales son insuficientes frente a la violencia real que enfrentan.
Segundo: los pueblos indígenas siguen siendo marginados en decisiones finales. Su participación avanzó, pero sus derechos territoriales—el fundamento mismo de cualquier política ambiental seria—siguen siendo negociables, cuestionables, atacables.
Tercero: existe un abismo entre lo que se acuerda en conferencias internacionales y lo que sucede en el terreno. Un campesino en Guatemala, un pescador en la costa de México, una mujer indígena en Perú: para ellos, los tratados significan poco si sus gobiernos siguen priorizando la inversión extractiva sobre la vida.
Escazú como espejo de nuestras contradicciones
Este proceso es profundamente latinoamericano en su esencia. Refleja quiénes somos: una región que produce la mayor biodiversidad del planeta pero que vive presiones económicas que la empujan a destruirla. Una región donde el derecho a participar coexiste con gobiernos que silencian. Una región de esperanza y violencia simultáneas.
La COP4 avanzó en crear marcos más robustos para la democracia ambiental. Pero la verdadera prueba vendrá cuando esos marcos enfrenten presiones reales: cuando una transnacional quiera extraer oro en tierra indígena, cuando una obra pública amenace un ecosistema crítico, cuando un defensor ambiental levante la voz.
Para los mexicanos que luchan por un planeta respirable, por ríos limpios, por territorios protegidos, Escazú es una herramienta. No es la solución, pero es un arma legal. Y en tiempos donde el poder político a menudo ignora a quienes lo cuestionan, tener una herramienta internacional que respalde el derecho a saber, a participar, a protestar sin morir, es un avance que no debe subestimarse.
La pregunta ahora es si nuestros gobiernos tendrán el coraje de hacer que Escazú sea más que promesa. La respuesta dependerá de si seguimos presionando desde abajo.
Información basada en reportes de: Elespectador.com