El mito del gasto público insostenible: quién define la realidad fiscal
Existe una narrativa que se repite en salas de crisis económica, en reportes de organismos internacionales y en discursos presidenciales: el gasto público es demasiado. No se discute si es excesivo en ciertos rubros, no se cuestiona en qué se invierte. Simplemente se asume como una verdad incuestionable que debe reducirse, austerarse, racionalizarse. Esta premisa, presentada como dato objetivo, es en realidad una construcción política que merece escrutinio.
Cada vez que un gobierno enfrenta una crisis fiscal, recurre a la misma justificación: los gastos no son sostenibles. La ecuación aparece elemental: ingresos limitados requieren egresos menores. Pero esta lógica, que suena irrefutable a primera vista, oculta decisiones profundamente políticas disfrazadas de inevitabilidad técnica. ¿Cuál es el verdadero origen de la restricción presupuestal? ¿Es el gasto realmente el culpable, o la estructura tributaria que lo financia?
Latinoamérica conoce bien este ciclo. Desde los años ochenta, la región ha experimentado oleadas de reformas fiscales justificadas precisamente en esta narrativa: el gasto público como enemigo a domesticar. Gobiernos de distintos signos políticos han implementado programas de austeridad, privatizaciones y reducción de servicios públicos bajo el argumento de que «no hay dinero». Mientras tanto, en países como Chile, Colombia y Perú, las desigualdades se mantienen o se agravan, los servicios de salud y educación pública se deterioran, y la legitimidad institucional se erosiona.
Lo problemático no es reconocer que los recursos son finitos. Lo problemático es que se presente como neutro lo que es una opción de distribución. Cuando se dice que el gasto público «no es sostenible», se está eligiendo implícitamente no ampliar la base tributaria, no cuestionar el nivel de evasión fiscal, no revisar si las corporaciones o los sectores de altos ingresos contribuyen proporcionalmente. Se está optando por transferir el costo a quienes menos pueden resistir: trabajadores, pensionistas, usuarios de servicios públicos.
Los números revelan parte de la historia. México, por ejemplo, recauda impuestos por alrededor del 17% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (34%). ¿Es un problema de gasto excesivo o de ingresos insuficientes? La respuesta obvia sugeriría revisar primero dónde están los agujeros en la tributación antes de asumir que los servicios públicos son el lujo inalcanzable.
Esta falacia del gasto incuestionable tiene consecuencias reales. Cuando se asume que el gasto debe reducirse sin analizar su composición, se termina recortando precisamente en aquellas áreas que más afectan a la población vulnerable: educación rural, atención primaria de salud, infraestructura en zonas marginales. Mientras tanto, los gastos administrativos, los subsidios a sectores específicos o el servicio de deuda externa rara vez se cuestionan con el mismo rigor.
Lo que falta en muchos debates sobre reforma fiscal es transparencia sobre los verdaderos trade-offs. Si el gobierno reduce gasto social, debe ser claro sobre qué servicios desaparecerán y quién sufrirá. Si busca ampliar ingresos, debe explicitar a quién le aumentará la carga tributaria. Estos son conflictos distributivos legítimos, pero presentarlos como problemas técnicos sin opciones es engañoso.
Una reflexión honesta sobre las finanzas públicas comienza por rechazar la premisa de que el gasto es el villano inexorable. Comienza por preguntas más incómodas: ¿Quién paga impuestos y cuánto? ¿Dónde se filtra el dinero público en corrupción e ineficiencia? ¿Qué sectores reciben subsidios implícitos? ¿Cómo se comparan nuestros gastos en servicios sociales con países de desarrollo similar?
La verdadera responsabilidad fiscal no es reducir gastos a cualquier costo. Es tomar decisiones conscientes, democráticas y transparentes sobre cómo distribuir los recursos públicos. Mientras sigamos aceptando que el gasto público es un problema incuestionable, evitaremos la conversación que realmente importa: quién se beneficia y quién pierde con cada decisión que tomamos.
Información basada en reportes de: El Financiero