El miedo invisible: cómo los acuerdos 287(g) transforman las ciudades del Mundial 2026
A medida que las ciudades estadounidenses se alistan para recibir el Mundial de Fútbol en 2026, una realidad menos festiva se cierne sobre las comunidades migrantes: el fortalecimiento de mecanismos legales que amplían las capacidades de deportación. En Miami, Houston, Dallas y otras urbes sede del torneo, existe una preocupación creciente entre inmigrantes latinoamericanos por los denominados acuerdos 287(g), un dispositivo legal que ha permanecido en las sombras de la política migratoria estadounidense, pero que ahora cobra mayor visibilidad.
Estos acuerdos representan una de las formas más invasivas en que el gobierno federal estadounidense ha delegado responsabilidades migratorias a las corporaciones policiales locales. En esencia, permiten que agentes de policía municipal y estatal reciban entrenamiento del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para identificar, interrogar y, eventualmente, detener a personas indocumentadas. Lo que comenzó como un programa «selectivo» se ha convertido en una herramienta sistemática que transforma a cualquier contacto con la policía local —una multa de tránsito, una denuncia de robo, o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado— en una puerta de entrada a procedimientos de deportación.
Una colaboración que desmorona la confianza
La naturaleza de estos acuerdos es particularmente insidiosa porque rompe la barrera entre la seguridad pública local y la migración federal. Cuando una persona indocumentada —o incluso alguien que *parece* serlo— es detenida por la policía municipal por cualquier razón, ahora existe la posibilidad de que sea entregada al ICE. Esto ha generado un clima de desconfianza profundo en comunidades enteras. Muchas personas, incluso las que tienen residencia legal, evitan denunciar crímenes, asistir a citas médicas o llevar a sus hijos a la escuela si temen que un encuentro casual con la policía podría resultar en la separación de sus familias.
Los inmigrantes mexicanos y centroamericanos son particularmente vulnerables a estas disposiciones. En ciudades como las que albergarán partidos del Mundial 2026, la población migrante es significativa y frecuentemente está concentrada en barrios específicos. Las redadas selectivas —aunque oficialmente no se reconocen como tales— afectan desproporcionadamente a estas comunidades. Un trabajador que toma un autobús para llegar a su empleo en la construcción o el servicio doméstico corre un riesgo considerable simplemente por cruzar un punto de control policial.
El contexto: un programa con décadas de arraigo
El programa 287(g) no es nuevo. Fue establecido en 1996 como parte de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante, y ha existido bajo diferentes administraciones presidenciales. Sin embargo, su expansión y aplicación ha variado significativamente. Durante algunos períodos ha sido restringido; en otros, ampliado. Lo preocupante ahora es que existe una tendencia hacia su mayor implementación justamente cuando eventos de alto perfil internacional, como el Mundial 2026, atraerán millones de visitantes a ciudades donde estos acuerdos están vigentes.
Desde una perspectiva latinoamericana, esto plantea una ironía amarga. México es uno de los anfitriones del torneo, un evento que debería celebrar la unión a través del deporte, pero muchos mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos enfrentan una realidad más hostil. Los gobiernos locales estadounidenses que participan en estos acuerdos argumentan que buscan mejorar la seguridad pública, pero la evidencia sugiere que lo que realmente logran es la criminalización de la movilidad humana.
¿Qué significa para los migrantes en 2026?
Con la aproximación del Mundial, surgen interrogantes sobre cómo se implementarán estos acuerdos durante el evento. ¿Habrá redadas coordinadas? ¿Aumentará la vigilancia en ciertos vecindarios? Las experiencias previas de eventos internacionales sugieren que sí. Las ciudades buscan «limpiar» sus calles, una eufemismo que frecuentemente significa la deportación acelerada de migrantes sin documentos.
Para las familias migrantes, esto representa un dilema cotidiano. Algunos consideran irse temporalmente de las ciudades sede del torneo. Otros viven en constante estado de ansiedad. Y muchos simplemente no tienen opción: sus empleos, sus redes de apoyo, sus vidas entera están en esos lugares.
La necesidad de una respuesta humanitaria
Organizaciones de derechos humanos han comenzado a levantar la voz, documentando cómo estos acuerdos violan principios fundamentales de protección y dignidad. Sin embargo, la respuesta política ha sido lenta. Lo que se necesita es una reconsideración urgente de estas políticas, tanto a nivel de gobiernos locales estadounidenses como de los gobiernos latinoamericanos cuyos ciudadanos están siendo afectados.
El Mundial 2026 puede ser una oportunidad para reflexionar sobre qué tipo de sociedades queremos: ¿aquellas que cierran sus puertas con mecanismos de control cada vez más invasivos, o aquellas que reconocen la dignidad en la movilidad humana? Por ahora, miles de migrantes esperan con preocupación qué depara el futuro cercano.
Información basada en reportes de: La Nacion