El fantasma de la deuda: ¿Cuándo despertarán los vigilantes?
Hay momentos en la historia económica donde los números gritan, pero nadie parece escuchar. Estamos en uno de esos momentos. Durante los últimos años, hemos presenciado un fenómeno inquietante: el endeudamiento bruto de naciones ha superado consistentemente los registros que, hace poco tiempo, considerábamos intocables. Y sin embargo, el silencio de quienes deberían sonar las alarmas resulta ensordecedor.
Las agencias de calificación crediticia —esos árbitros supuestamente imparciales del riesgo financiero— siguen operando como si vivieran en un mundo paralelo. Mientras los indicadores de endeudamiento se disparan, ellas mantienen sus criterios de evaluación prácticamente congelados, como si la realidad económica no hubiese cambiado. Es un comportamiento que merecería risa, si no fuera tan peligroso.
¿Qué nos dicen realmente los números?
La deuda pública no es, en sí misma, un demonio. Las economías la utilizan para financiar inversión, sortear crisis y mantener operaciones esenciales. El problema surge cuando esa deuda se convierte en una roca atada al cuello, cuando los intereses consumidos en pagarla superan lo que se invierte en crecimiento futuro. Y aquí es donde la historia se vuelve compleja.
En América Latina, vemos un patrón recurrente: gobiernos que acumulan deuda sin una estrategia clara de cómo generarán los ingresos para pagarla. No es dinero invertido en infraestructura que rinde en una década. Frecuentemente, es dinero gastado en gasto corriente, subsidios, o proyectos de dudosa viabilidad. El resultado es una montaña de obligaciones sin la correspondiente montaña de activos productivos que las justifiquen.
Pero aquí viene lo preocupante: las agencias calificadoras, que supuestamente velan por la salud financiera del sistema, no están ajustando sus evaluaciones acorde a esta realidad creciente. ¿Por qué? Las razones son múltiples y poco honorables. Algunos analistas señalan que estas agencias tienen incentivos perversos: son pagadas por los gobiernos y empresas que califican, creando un conflicto de interés evidente. Otros sugieren que, simplemente, operan con modelos desfasados que no capturan la complejidad del mundo moderno.
La lección que olvidamos
No tenemos que remontarnos demasiado en el tiempo para recordar qué sucede cuando los guardianes de la prudencia financiera se quedan dormidos. 2008 nos mostró que los vigilantes —en ese caso, las mismas agencias— no solo fracasaron; en muchos casos, fueron activamente cómplices en el fraude. Otorgaban calificaciones triple A a papeles tóxicos. El mundo aprendió, al menos temporalmente, que esos guardianes no son infalibles.
Hoy enfrentamos una situación diferente pero igualmente preocupante. No estamos ante un colapso inminente, sino ante una lenta acumulación de desequilibrios que, en un momento de turbulencia externa —una recesión global, una crisis de confianza, una suba abrupta de tasas de interés—, podrían generar estragos.
¿Quién cuida a los cuidadores?
La pregunta que deberíamos hacernos es simple: ¿de quién esperamos que suene la alarma? No podemos confiar plenamente en agencias que tienen incentivos cruzados. Los gobiernos, naturalmente, preferirían minimizar sus riesgos crediticios. Los bancos centrales, aunque más independientes, actúan con cautela política. Queda entonces la sociedad civil, la prensa, los académicos.
En un mundo ideal, la información estaría disponible y sería interpretada correctamente por los mercados. Pero sabemos que el mundo no funciona así. Los mercados financieros tienen memoria corta. Los inversores a menudo persiguen rendimientos sin calcular adecuadamente los riesgos. Y los ciudadanos comunes raramente siguen estas complejidades hasta que la crisis golpea a sus puertas.
Hacia adelante
No se trata de ser catastrofista. Se trata de ser realista. Varios países latinoamericanos están llegando a niveles de endeudamiento que requieren decisiones políticas difíciles: aumentar ingresos tributarios, reducir gastos improductivos, o estimular un crecimiento económico genuino que genere más recaudación. Ninguna de estas opciones es popular. Todas tienen costos políticos.
Lo que no podemos hacer es esperar a que alguien más levante la mano. Las agencias calificadoras, ya hemos visto, quizá nunca lo hagan. Los gobiernos enfrentan incentivos para patinar el problema. Los mercados reaccionan tarde. La responsabilidad recae, finalmente, en ciudadanía informada que demande transparencia, en líderes políticos que tengan el valor de actuar preventivamente, y en instituciones de control que, efectivamente, controlen.
El tiempo no está de nuestro lado. Cada año que pasa sin enfrentar estos desequilibrios es un año que empeoramos nuestra posición negociadora con la realidad. Y la realidad, eventualmente, cobra sus facturas. La pregunta es si preferimos pagarlas ahora, en dosis controladas, o esperar hasta que la medicina sea amarga y duela a millones.
Información basada en reportes de: El Financiero