El Estado huérfano: cuándo la política olvida su propósito social
Cuando observamos los números del presupuesto público, no vemos solo cifras. Vemos decisiones sobre quién merece educación, quién accede a salud digna, quién puede soñar con una vivienda propia. Las finanzas estatales son, en realidad, una radiografía moral de nuestras sociedades. Y en esa radiografía, América Latina muestra síntomas preocupantes de un Estado desorientado, sin brújula ideológica ni compromiso claro con sus ciudadanos.
La pregunta fundamental que debería guiar cualquier gobierno es simple pero olvidada: ¿para quién es el Estado? En las últimas décadas, hemos visto cómo esta pregunta se desvanece bajo el peso de justificaciones técnicas, modelos económicos importados y promesas que nunca se cumplen. Los gobiernos hablan de austeridad, de disciplina fiscal, de confianza del mercado. Pero rara vez se atreven a pronunciar las palabras que importan: justicia distributiva, igualdad de oportunidades, dignidad humana.
No se trata de idealismo ingenuo. La historia demuestra que los Estados que prosperon —que generan bienestar real para sus poblaciones— son aquellos que construyen instituciones sólidas con una visión clara. Estados que intervienen activamente en la economía, que protegen a los vulnerables, que invierten en educación y ciencia como actos de fe en el futuro. Estos no son caprichos ideológicos; son decisiones estratégicas respaldadas por evidencia.
Pero aquí radica la orfandad contemporánea: muchos gobiernos latinoamericanos han renunciado a tener una visión propia. Delegaron esa responsabilidad a las agencias internacionales, a los mercados, a las fuerzas que prometen regular todo desde arriba. El resultado es predecible: un Estado vacío de propósito, convertido en un administrador pasivo de crisis que él mismo no controla.
La herencia de decisiones abdicas
México, como otros países de la región, vive las consecuencias de décadas de políticas que priorizaron la estabilidad macroeconómica sobre la estabilidad social. Se recortó gasto en servicios públicos en nombre de la prudencia fiscal. Se privatizaron sectores estratégicos pensando que el mercado sería más eficiente. Se debilitaron las instituciones públicas bajo el argumento de que el Estado era ineficiente.
¿Cuál fue el resultado? Un Estado más débil, más corrupto, menos capaz de proteger a sus ciudadanos. Paradójicamente, la búsqueda de eficiencia mediante la reducción estatal produjo ineficiencia brutal: sistemas de salud colapsados, educación pública deteriorada, infraestructura desmoronándose. Las promesas de que la iniciativa privada llegaría donde el Estado no lo hacía quedaron en eso: promesas.
La verdadera pregunta, entonces, no es si el Estado es necesario. Es qué tipo de Estado necesitamos. ¿Uno que defienda únicamente la propiedad privada y la seguridad de los inversores? ¿O uno que construya capacidades reales para sus ciudadanos, que genere oportunidades genuinas, que redistribuya recursos hacia quienes más los necesitan?
Repensar la construcción estatal
Algunos países han comenzado a buscar respuestas distintas. No porque sean anti-mercado, sino porque reconocen que un Estado fuerte y democrático es un requisito para cualquier desarrollo real. Un Estado que planifica, que invierte en sectores considerados no rentables pero esenciales, que defiende lo público como bien común.
Esta no es una batalla entre derecha e izquierda, como muchos quieren simplificar. Es una batalla por recuperar la capacidad de reflexión política. Por preguntarse nuevamente: ¿qué queremos ser como sociedad? ¿Qué nos une más allá de los números?
La orfandad del Estado actual no es accidental. Es resultado de elecciones deliberadas, de renuncias conscientes. Y si fue elegida, puede ser cuestionada. Lo que exige, primero, que nos atrevamos a nombrar el problema con claridad.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx