Cuando la indignación elige geografía
Existe una tensión incómoda en los movimientos progresistas contemporáneos que pocas veces se aborda con franqueza. No es nueva, pero resurge cada vez que se conmemoran fechas simbólicas como el 8 de marzo. Se trata de la pregunta fundamental sobre la universalidad de nuestros principios: ¿son los derechos humanos, y particularmente los derechos de las mujeres, realmente universales, o funcionamos con una jerarquía tácita de indignación según conveniencias geopolíticas?
La provocación planteada recientemente en el debate público español toca un nervio que también nos afecta en América Latina. Durante décadas, hemos visto cómo organizaciones internacionales de derechos humanos, medios de comunicación y gobiernos occidentales calibran meticulosamente su indignación según la alineación política del régimen represor. Si el autoritarismo viene de aliados estratégicos, la condena tiende a ser tibia. Si viene de adversarios, se convierte en clamor.
La brújula moral no debería tener norte político
El punto central no es menor: ¿existe coherencia cuando denunciamos la represión contra mujeres en ciertos países mientras guardamos silencio deliberado sobre torturas y desapariciones en otros? En nuestro continente tenemos experiencia amarga con esta selectividad. Recordamos cómo determinadas potencias occidentales ignoraron dictaduras que les eran convenientes, mientras magnificaban violaciones en gobiernos enemigos.
Las mujeres iraníes que luchan bajo un régimen opresivo merecen solidaridad internacional. Las afganas bajo el Talibán también. Pero con la misma intensidad, las mujeres en contextos de conflicto armado en Centroamérica, las desaparecidas en México por redes criminales, las víctimas de feminicidio en toda la región merecen esa misma atención mundial. No como competencia de sufrimiento, sino como reconocimiento de que la opresión de género no respeta fronteras ni ideologías.
Retórica hueca versus acción genuina
Hay algo profundamente problemático en los discursos que se desenvuelven más para consumo interno de activistas que para generar cambio real. Cuando en una marcha feminista se vitorean consignas contra gobiernos extranjeros pero no se dedica igual energía a presionar legislativamente por políticas concretas en casa, algo anda mal en la priorización.
Aquí radica la crítica que merece consideración: los movimientos sociales tienen recursos limitados de atención y movilización. Cada hora dedicada a condenar algo tiene un costo de oportunidad. La pregunta entonces no es ingenua sino estratégica: ¿estamos distribuyendo inteligentemente nuestros esfuerzos, o reproducimos guiones precocinados que nos hacen sentir virtuosos sin cambiar estructuras?
Latinoamérica conoce esta trampa
En nuestras latitudes hemos visto cómo potencias externas utilizaban la retórica de derechos humanos como instrumento geopolítico mientras ignoraban crímenes de sus aliados. Eso debería habernos enseñado a desconfiar de cualquier indignación que parezca demasiado convenientemente alineada con intereses de poder.
Esto no significa relativismo moral. Significa exigir consistencia. Significa reconocer que si el feminismo es un proyecto de justicia global, no puede funcionar con lógica de selección según conveniencia. Las iraníes, las afganas, las centroamericanas y las mexicanas no son peones de ajedrez en narrativas políticas. Son personas cuya dignidad es indivisible.
La pregunta incómoda que debemos hacer
¿Cuándo defendemos realmente los derechos humanos y cuándo simplemente reforzamos nuestras identidades tribales mediante la indignación? Es una pregunta que incomoda porque la respuesta requiere mirarse al espejo.
No se trata de negar las opresiones específicas en contextos específicos. Se trata de preguntarse si nuestros discursos de solidaridad son lo suficientemente profundos como para exigir justicia donde nos duele, no solo donde es políticamente cómodo. Eso sería feminismo genuino. Todo lo demás es ruido bien intencionado.
Información basada en reportes de: Elespanol.com