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El dilema de Sheinbaum: legitimidad política vs. inseguridad ciudadana

México experimenta una paradoja política donde la confianza en la presidenta convive con temor generalizado a la criminalidad. ¿Qué nos dice esto sobre la gobernanza moderna?
El dilema de Sheinbaum: legitimidad política vs. inseguridad ciudadana

Cuando la aprobación política no alcanza para dormir tranquilo

En México existe un fenómeno que merece análisis profundo: es posible que un gobierno mantenga una base sólida de respaldo ciudadano mientras enfrenta una angustia colectiva sobre criminalidad que no cede. No se trata de una contradicción tan paradójica como parece a primera vista. Más bien, refleja una realidad incómoda sobre cómo funciona la política contemporánea en América Latina.

Claudia Sheinbaum ha consolidado niveles de aprobación respetables desde su llegada a la presidencia. Esto no es casualidad, sino resultado de una combinación de factores: continuidad con políticas populares previas, una comunicación directa y cercana, y cierta capacidad para conectar con sectores que históricamente se sienten representados por su administración. Las cifras de aprobación sugieren que amplios segmentos de la población aún ven en ella a una opción preferible a las alternativas políticas disponibles.

Sin embargo, en simultáneo, encuestas consistentes muestran que la inseguridad permanece como la preocupación número uno de los mexicanos. No es un problema marginal ni de grupos específicos: cruza clases sociales, geografías y preferencias electorales. Una vendedora del centro histórico y un ejecutivo de Polanco comparten la misma pesadilla: salir a la calle con incertidumbre sobre si regresarán seguros a casa.

La brecha entre legitimidad y resultados tangibles

Aquí está el nudo: la legitimidad política no es lo mismo que eficacia en seguridad pública. Un gobierno puede ser visto como más legítimo que sus predecesores, más honesto, más cercano a la gente, y aun así fracasar en su responsabilidad más fundamental: garantizar integridad física a sus ciudadanos. Es una lección que Uruguay y Costa Rica aprendieron hace décadas, cuando descubrieron que la aprobación presidencial sola no genera cohesión social si la seguridad se deteriora.

En la región, hemos visto gobiernos con altísima aprobación que cayeron gracias a crisis de seguridad. Basta mirar hacia El Salvador: Nayib Bukele alcanzó niveles de apoyo nunca antes registrados en América Latina, impulsado justamente por promesas de combate a la violencia. Su popularidad se explica porque identificó correctamente la demanda ciudadana más urgente.

La pregunta entonces no es por qué coexisten aprobación e inseguridad. La pregunta es: ¿por cuánto tiempo pueden coexistir?

Una deuda que no se cobra electoralmente, pero sí en la vida cotidiana

El resumen de la situación mexicana actual parece ser este: la presidenta ha heredado una legitimidad política que le permite cierto margen de maniobra, pero enfrenta una deuda que no se liquida en urnas, sino en la experiencia diaria de millones. Cada comerciante que cierra más temprano, cada estudiante cuyas opciones de libertad se reducen, cada familia que reorganiza su vida alrededor del miedo, está registrando un déficit que las encuestas de aprobación no capturan completamente.

Lo que vemos es que los ciudadanos pueden mantener una evaluación positiva de un gobierno en términos de gestión general, honestidad percibida o capacidad administrativa, mientras simultaneamente lo califican como insuficiente en lo que más importa. No es esquizofrénico: es racional. Es el voto de quién dice «te creo más que a los anteriores, pero necesito más de ti».

Hacia dónde apunta esta paradoja

Esta tensión es insostenible a mediano plazo. La historia latinoamericana demuestra que la paciencia ciudadana con gobiernos que no resuelven seguridad tiene un límite. La aprobación presidencial actual podría ser capital político que debe convertirse urgentemente en resultados concretos, o eventualmente se erosionará.

La verdadera prueba no será si Sheinbaum mantiene su aprobación en cifras altas, sino si logra traducir esa legitimidad en capacidad operativa para enfrentar criminalidad. Porque al final, la política moderna tiene una deuda que ninguna encuesta puede perdonar: la seguridad de quienes goberna.

Información basada en reportes de: El Financiero

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