El dilema de la indignación selectiva: cuándo la política olvida a las víctimas
Cada año, el 8 de marzo reaparece un debate predecible en nuestras democracias occidentales. Las plazas se llenan de consignas, los discursos políticos se multiplican, y las redes sociales se transforman en un campo de batalla ideológico. Pero debajo de esta rutina calendárica existe una pregunta incómoda que raramente nos atrevemos a formular con honestidad: ¿cuándo la política genuina por los derechos se convierte en performance, y cuándo la crítica a esa performance deviene ella misma en oportunismo?
Esta tensión cobró renovada relevancia recientemente cuando una política española cuestionó públicamente ciertos enfoques del discurso de género predominante, lanzando una pregunta que merece consideración seria más allá de la trinchera política de quien la formula. Su interrogante apuntaba a una inconsistencia estructural en cómo algunas sociedades occidentales abordan la defensa de derechos femeninos: ¿por qué algunos sufrimientos de mujeres reciben atención mediática masiva mientras otros permanecen en la sombra de la indiferencia internacional?
No se trata de una pregunta frívola. Las realidades que enfrentan mujeres en Afganistán bajo régimen talibán, o en Irán bajo represión sistemática, constituyen catástrofes humanitarias de magnitud considerable. Miles de niñas fueron excluidas de la educación secundaria. Mujeres fueron despojadas de autonomía laboral. Disidentes sufren torturas documentadas. Estas no son abstracciones retóricas: son crímenes contra la humanidad que merecen movilización internacional real, no solo condenas performativas.
La brecha entre el discurso y la acción
Lo que emerge de esta controversia política es algo más profundo que una simple disputa partidaria. Revela una fractura genuina en la coherencia moral de nuestras democracias. Cuando los esfuerzos por visibilizar injusticias se circunscriben únicamente a conflictos que se alinean convenientemente con narrativas políticas domésticas, algo fundamental se pierde: la universalidad del compromiso con la dignidad humana.
En América Latina hemos vivido versiones propias de esta hipocresía. Durante décadas, ciertos gobiernos de izquierda condenaron fervorosamente el patriarcado occidental mientras mantenían alianzas silenciosas con regímenes autoritarios donde las mujeres sufrían represión sistémica. Simultáneamente, gobiernos conservadores utilizaban banderas de derechos femeninos solo cuando les servía geopolíticamente, ignorando la violencia feminicida en sus propias fronteras.
Esta pauta revela algo incómodo: la política tiene tendencia a instrumentalizar el sufrimiento ajeno. Las víctimas se transforman en argumentos, en munición discursiva, en piezas de un ajedrez electoral. Lo preocupante es que cuando esto sucede, la causa original—la protección efectiva de personas vulneradas—queda subordinada a consideraciones estratégicas.
Hacia una coherencia que nos falta
¿Qué significaría una posición genuinamente coherente? Implicaría reconocer que la defensa de derechos humanos no puede ser selectiva según conveniencias políticas. Que el sufrimiento de una mujer torturada en Teherán no es menos relevante que el de una víctima de violencia de género en Madrid, Buenos Aires o Ciudad de México. Que la indignación debe ser proporcional a la magnitud del daño, no a la utilidad política del caso.
Esto no significa invalidar las luchas domésticas contra el machismo. Significa reconocer que son inseparables de una lucha global por derechos. Significa ser capaces de criticar nuestras propias sociedades sin cerrar los ojos ante atrocidades ajenas. Significa entender que la política, cuando funciona correctamente, debería ampliar nuestro círculo de preocupación, no reducirlo a lo que resulta electoralmente conveniente.
La verdadera prueba de una democracia madura es si puede sostener indignación moral genuina sin necesidad de convertirla en arma política. Si puede defender derechos universales sin renunciar a la coherencia. Si puede escuchar críticas legítimas incluso cuando provienen de adversarios políticos.
La pregunta formulada hace poco merece respuesta honesta, sin defensas automáticas ni descalificaciones fáciles. Porque en el fondo, está en juego algo más valioso que cualquier victoria electoral: la credibilidad de nuestro compromiso con la justicia.
Información basada en reportes de: Elespanol.com