Una deuda económica que nadie contabiliza
Imagine que cada mañana, antes de que amanezca, millones de mujeres en México se despiertan para comenzar una jornada laboral que nunca aparecerá en su nómina. Preparan desayunos, limpian casas, cuidan niños y adultos mayores, gestionan presupuestos familiares limitados. Este trabajo, que sostiene la vida cotidiana de millones de hogares, tiene un precio: aproximadamente 5.7 billones de pesos anuales en valor económico no reconocido.
Para poner esta cifra en perspectiva, esa cantidad equivale a casi una cuarta parte de todo lo que produce la economía mexicana en un año. Es como si existiera una industria gigantesca completamente invisible, que genera riqueza constantemente pero cuyo aporte nunca se traduce en salarios, prestaciones o protección social para quienes lo realizan.
La pobreza que no mide el ingreso monetario
Cuando hablamos de pobreza, generalmente pensamos en dinero: en personas que no pueden comprar comida o pagar la renta. Pero existe otra dimensión del empobrecimiento que afecta desproporcionadamente a las mujeres: la pobreza del tiempo.
Una madre que dedica ocho horas diarias al cuidado de sus hijos, otra que atiende a un padre enfermo, o aquella que además de estas responsabilidades intenta buscar un trabajo remunerado, todas ellas experimentan una escasez brutal de tiempo. No pueden estudiar para mejorar sus oportunidades laborales. No tienen espacio para descansar o desarrollar actividades personales. No acceden a ocio, cultura o simplemente a respirar.
Esta «pobreza temporal» tiene consecuencias concretas. Las mujeres que viven bajo estas condiciones presentan mayores índices de estrés, depresión y problemas de salud. Sus perspectivas de empleo se reducen porque el mercado laboral no está diseñado para quienes tienen responsabilidades de cuidado sin resolver. Y cuando sí logran emplearse, frecuentemente aceptan trabajos precarios, con menor remuneración, sin acceso a beneficios.
Un sistema que trasladó costos al hogar
El origen de esta situación no es casual. Durante décadas, tanto en México como en América Latina, los gobiernos construyeron sistemas económicos que externalizaron los costos del cuidado hacia las familias, particularmente hacia las mujeres. En lugar de desarrollar guarderías públicas, servicios de cuidado de adultos mayores, o infraestructura de apoyo, se asumió que estas responsabilidades serían asumidas gratuitamente en el ámbito doméstico.
Esto permitió que la economía formal ahorrara recursos enormes. Las empresas no tenían que ofrecer beneficios de cuidado. El Estado no invertía en servicios de atención. Pero alguien pagaba ese costo: las mujeres, a través de su trabajo no remunerado.
Comparativa regional y global
México no está solo en esta realidad. En toda América Latina, estudios similares revelan patrones parecidos. En Colombia, el trabajo de cuidado no remunerado representa el 18% del PIB. En Argentina, supera el 20%. Globalmente, la ONU estima que el trabajo de cuidado no pagado representa entre el 10% y 40% del PIB de los países, dependiendo de su nivel de desarrollo.
Lo que distingue el caso mexicano es la intensidad de esta desigualdad. A pesar de que las mujeres mexicanas participan cada vez más en el mercado laboral, las responsabilidades domésticas se han reducido marginalmente. Es decir, muchas trabajan dos jornadas: una remunerada y otra no pagada.
Implicaciones para la política pública
El reconocimiento de esta realidad tiene implicaciones profundas. Primero, revela que las estadísticas de pobreza tradicionales subestiman la vulnerabilidad económica real de las mujeres. Una mujer que vive en un hogar con ingresos «suficientes» pero que dedica 40 horas semanales a cuidados no remunerados es, en términos económicos, más vulnerable que las cifras oficiales sugieren.
Segundo, demuestra que invertir en sistemas públicos de cuidado no es un gasto sino una inversión económica que liberaría tiempo y permitiría a las mujeres acceder a empleos mejor remunerados, a educación continua y a participación económica más plena.
Tercero, evidencia que la igualdad de género no es solo un asunto de derechos, sino de eficiencia económica. Mientras millones de mujeres permanezcan atrapadas en trabajo no remunerado, el potencial económico del país queda subutilizado.
Hacia dónde debe apuntar el cambio
Algunos países latinoamericanos han comenzado a avanzar. Uruguay ha desarrollado un sistema de cuidados más robusto. Costa Rica ha invertido en guarderías públicas. Pero en México, la brecha persiste y se amplía.
El desafío es hacer visible lo invisible. Mientras se siga naturalizando que las mujeres, por el hecho de serlo, asuman gratuitamente el trabajo de cuidado, los sistemas económicos continuarán beneficiándose de una explotación silenciosa que afecta a casi la mitad de la población.
Reconocer los 5.7 billones de pesos en trabajo no pagado no es solo un acto de justicia estadística. Es el primer paso para construir políticas públicas que reconozcan la realidad económica de las mujeres mexicanas y permitan que su potencial laboral y personal se traduzca en bienestar concreto para ellas y para el país.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx