El congelamiento sin orden: cuando el Estado se convierte en juez sin tribunal
Vivimos un momento donde los gobiernos parecen olvidar que la presunción de inocencia no es un lujo sino una arquitectura fundamental de cualquier sociedad democrática. La reciente propuesta de permitir el congelamiento de cuentas bancarias basándose únicamente en «indicios» de posibles delitos —sin mediar orden judicial ni derecho a defensa— representa exactamente eso: una erosión sistemática de garantías que tardó siglos en construirse.
No se trata de una medida menor ni técnica. Es una decisión que invierte la lógica misma de un Estado de derecho. Tradicionalmente, cualquier restricción a los bienes de una persona requiere que un juez independiente evalúe evidencia, escuche argumentos de ambas partes y tome una decisión fundamentada. Ese proceso, aunque lento, existe precisamente porque protege a los ciudadanos de los abusos del poder ejecutivo.
¿Qué ocurre cuando el Ejecutivo puede actuar sin esa supervisión? Lo hemos visto repetidas veces en América Latina. En países donde se flexibilizaron estos controles, el congelamiento de cuentas se convirtió en un instrumento de persecución política: activistas, periodistas críticos, opositores políticos enfrentaban bloqueos de sus fondos bajo acusaciones vagas que luego se desmoronaban. El daño económico y reputacional ya estaba hecho.
El peligro de la «sospecha administrativa»
Lo particularmente inquietante de fundamentar una acción en «indicios» es su vaguedad. ¿Qué constituye un indicio? ¿Una transacción fuera de lo normal? ¿Una transferencia a alguien sospechoso? ¿El monto? Los criterios no están claros, y esa ambigüedad es precisamente el terreno donde florecen los abusos.
Un comerciante que recibe pagos en efectivo, un trabajador independiente con fluctuaciones de ingresos, un emprendedor que hace movimientos internacionales, una persona que ayuda económicamente a un familiar en otro país: todos ellos podrían potencialmente convertirse en «indicios» bajo una interpretación expansiva. Sin un juez que verifique si esos indicios tienen sustancia real, cualquiera está vulnerable.
El argumento que típicamente justifica estas medidas es el de la eficiencia: «hay delincuentes que hay que detener rápido». El problema es que ese mismo argumento, repetido a través de la historia, ha legitimado regímenes de persecución. La eficiencia sin controles no es justicia: es arbitrariedad acelerada.
El precedente preocupante
Cuando un gobierno obtiene herramientas sin limitaciones aparentes, raramente las restringe voluntariamente a su propósito original. Hoy se justifica para «indicios de delitos», mañana se amplía para «conductas sospechosas», pasado mañana para «riesgo potencial». La pendiente es notoriamente resbaladiza.
Otros gobiernos en la región lo intentaron. Algunos lo lograron durante años. El costo fue medible: desconfianza en el sistema bancario, migración de capitales, ciudadanos aterrorizados de mantener dinero en cuentas formales. Economistas serios advirtieron que estas prácticas erosionan la formalización económica que los países necesitan.
Preguntas que debemos hacer
¿Quién supervisa que esos congelamientos sean proporcionales? ¿Hay apelación rápida ante un juez? ¿Hay compensación por errores? ¿Qué garantías existen contra el sesgo político? Si no hay respuestas claras a estas preguntas, entonces no tenemos protecciones reales.
Un verdadero combate a la delincuencia no requiere abandonar los principios democráticos: requiere investigaciones rigurosas, evidencia sólida, presentación ante jueces competentes. Es más lento, sí. Pero es legítimo. Y legítimidad es lo que permite que las decisiones judiciales se respeten y cumplan, en lugar de ser vistas como actos de poder arbitrario.
La pregunta final es para nosotros como ciudadanía: ¿qué estamos dispuestos a ceder en nombre de la seguridad? Y más importante aún: ¿confiamos en que quien tiene esas herramientas nunca las abusará?
Información basada en reportes de: El Financiero