Washington exhibe red de corrupción en gobierno morenista de Sinaloa
El Departamento de Justicia de Estados Unidos desató una crisis política en México al revelar acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a nueve funcionarios y exfuncionarios por conspiración de importación de estupefacientes, posesión ilegal de armas y dispositivos destructivos.
El anuncio, que consolidaba advertencias previas publicadas por el diario Los Angeles Times, marca un escalamiento sin precedentes en la presión internacional contra la administración estatal morenista y sus vínculos con el crimen organizado.
El antecedente: la voz de alerta del embajador
El 23 de abril de 2026, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, pronunció un discurso incisivo durante la inauguración de una planta de metano en Los Mochis. Johnson denunció directamente cómo la corrupción distorsiona el progreso, aumenta costos y erosiona la confianza de los mercados.
«La inversión privada necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay», señaló el diplomático en un mensaje que parecía dirigido directamente al gobierno de Rocha Moya, cuyo personal intentó boicotear el evento.
Los acusados y sus cargos
Rubén Rocha Moya (76 años), gobernador de Sinaloa: Enfrenta cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena máxima es cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Enrique Inzunza Cazarez (53 años), senador morenista: Exsecretario general de Sinaloa acusado de los mismos delitos que el gobernador. Enfrenta cadena perpetua o 40 años de cárcel.
Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Acusado de conspiración de importación de estupefacientes y posesión de armas. Pena: cadena perpetua o 40 años.
Dámaso Castro Saavedra: Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado. Señalado por los mismos delitos. Enfrenta cadena perpetua o 40 años de prisión.
Marco Antonio Almanza Aviles (54 años): Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General. Acusado de conspiración de importación de estupefacientes y posesión de armas. Pena máxima: cadena perpetua o 40 años.
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias «Cholo» (45 años): Exjefe de la Policía de Investigación. Acusado de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta cadena perpetua o 40 años.
Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Acusado de conspiración de importación de estupefacientes y posesión de armas. Pena: cadena perpetua o 40 años.
José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como «Tornado»: Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa. Acusado de conspiración de importación de estupefacientes y posesión de armas. Enfrenta cadena perpetua o 40 años de prisión.
Juan de Dios Gámez: Actual alcalde de Culiacán. Acusado de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Pena: cadena perpetua o 40 años.
Juan Valenzuela Millán, conocido como «Juanito»: Excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán. Enfrenta los cargos más graves: conspiración de importación de estupefacientes, posesión de armas, secuestro que resulta en muerte y conspiración para cometer secuestros. La sentencia obligatoria es cadena perpetua.
El silencio presidencial
En respuesta a los acusaciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum evadió pronunciarse públicamente. Durante La Mañanera del Pueblo, la sesión de preguntas fue cortada anticipadamente, resultando en la sesión más breve de su administración. El evento se limitó a anunciar acuerdos con empresas metalúrgicas, sin dar oportunidad a los reporteros de cuestionar la posición del gobierno federal ante la crisis en Sinaloa.
Se espera que en próximos días el gobierno mexicano se pronuncie sobre estos cargos y las implicaciones políticas que representa la acusación de Washington contra la administración estatal morenista.