Un año dedicado a las obras: la apuesta de Delfina Gómez en el Estado de México
El Estado de México inicia 2026 con una propuesta que busca reposicionar la inversión pública como herramienta transformadora de la vida cotidiana. La gobernadora Delfina Gómez ha planteado que este año sea identificado como una etapa donde las obras de infraestructura y los servicios públicos ocupen el centro de la acción gubernamental, con énfasis en beneficiar directamente a las comunidades mexiquenses.
Esta declaración no es un simple ejercicio retórico. Refleja una tensión histórica en México y América Latina: la promesa de que el Estado invierta recursos en quienes más los necesitan, frente a realidades de corrupción, desviación de fondos y megaproyectos que frecuentemente no responden a las prioridades reales de la población. En el contexto mexiquense, donde viven más de 17 millones de personas en un territorio que enfrenta desafíos simultáneos de infraestructura deteriorada, servicios deficientes y desigualdad económica, la pregunta que emerge es fundamental: ¿cómo se concretarán estas intenciones en calles pavimentadas, sistemas de agua potable funcionales, hospitales equipados y escuelas dignas?
La filosofía del «Poder de Servir»
La administración mexiquense ha posicionado como eje rector una filosofía que contrasta con décadas de gobiernos donde la función pública fue frecuentemente instrumentalizada para beneficio particular. El concepto de «servir» es, en sí mismo, una provocación en contextos donde la corrupción ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones.
En México, las últimas administraciones han generado expectativas y decepciones cíclicas. Campañas electorales prometen transformación; gobiernos entrantes hablan de reorientar presupuestos; y la realidad muestra que millones de mexicanos continúan sin acceso a servicios básicos. El Estado de México, como entidad más poblada del país, concentra estas contradicciones: tiene recursos presupuestales significativos pero también hereda años de deuda pública, infraestructura saturada y comunidades que reclaman atención urgente.
Infraestructura como derecho, no como favor
Cuando se habla de invertir en «la gente», es necesario especificar qué significa. En territorios como el mexiquense, esto debería traducirse en: red de agua potable que llegue a todos los rincones, no solo a zonas privilegiadas; transporte público confiable que conecte a trabajadores con sus empleos; hospitales públicos con medicinas en stock y especialistas disponibles; escuelas con aulas en condiciones dignas.
La perspectiva de derechos entiende que estas no son dádivas políticas sino garantías que el Estado debe asegurar. En ese sentido, la propuesta de 2026 como «año de las obras» adquiere relevancia si se vincula con presupuestos específicos, cronogramas transparentes y, crucialmente, con espacios donde las comunidades participen en decidir qué infraestructura es prioritaria en sus territorios.
El desafío de la credibilidad
América Latina ha experimentado gobiernos progresistas que prometieron poner a la gente primero. Algunos cumplieron parcialmente; otros enfrentaron límites estructurales de la economía global o fueron víctimas de su propia corrupción. El desafío mexiquense es restaurar credibilidad: demostrar que los anuncios se convierten en realidad ejecutada.
Esto requiere no solo buenos propósitos sino mecanismos de rendición de cuentas, presupuestos públicos accesibles, y disposición a ser criticado por resultados insuficientes. También implica reconocer que la inversión en infraestructura no es suficiente si no va acompañada de políticas que reduzcan desigualdades, protejan a trabajadores informales y garanticen que los beneficios llegan a quienes históricamente han sido marginados.
Mirando hacia adelante
El año 2026 será revelador. No por los discursos que se pronuncien en actos públicos, sino por las calles que se construyan, los sistemas que funcionen, y las comunidades que experimenten cambios concretos en su calidad de vida. La invitación está hecha: que la política de servir sea medible, verificable y, sobre todo, que llegue a quienes hace años esperan que el Estado cumpla su promesa básica de estar al servicio de la gente.
Información basada en reportes de: El Financiero