CIUDAD DE MÉXICO. El diputado Federico Döring Casar (PAN) inauguró el «Segundo Foro de Exlegisladores: ¿Dónde están? Desaparición Forzada» con una denuncia contundente: el Congreso ha fallado a las víctimas y sus familias al priorizar la narrativa oficial sobre la exigencia de justicia. El legislador advirtió que estos espacios de debate deberían ser convocados por las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, no por ciudadanos.
Una decisión «nihilista» que revictimiza
Döring Casar apuntó directamente al Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo: decidió dejar de buscar al 36% de las más de 132 mil personas desaparecidas registradas en el país bajo el argumento de que los expedientes estaban incompletos. La decisión, explicó, implica abandonar registros donde falta el nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento o lugar de desaparición.
«El Gobierno de la República decidió eliminar políticamente a todos los que cree que no merecían ya ser buscados en este país», expresó el legislador, quien subrayó que esta acción contraviene el artículo 110 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que obliga al gobierno a mantener registros completos.
Para Döring, la medida revictimiza a las familias al condicionar la búsqueda a la existencia de carpetas de investigación completas. «Aquí no solo hay desapariciones forzadas, aquí hay abandono institucional, impunidad estructural y una falta de verdad que lastima tanto como las propias ausencias», afirmó Lorena Beaurregard de los Santos, exdiputada y coordinadora del evento.
El Congreso, ausente e impotente
El panista criticó duramente la inacción del Congreso. Ni el Senado ni la Cámara de Diputados han citado a comparecencia a funcionarios para explicar las fallas en el registro de personas desaparecidas. Döring denunció que la mayoría legislativa de Morena impide implementar mecanismos como puntos de acuerdo para exigir información a la autoridad.
«Los que los tramitamos de manera institucional, en el viacrucis legislativo de lo que implica hoy ser oposición, estamos destinados a que ni siquiera la mayoría de Morena tenga el decoro de tener que votar en contra», expresó el legislador.
Señaló que las únicas vías de rendición de cuentas en esta Legislatura son la Glosa anual y, ocasionalmente, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), mecanismos insuficientes para una crisis humanitaria de esta magnitud.
Organismos internacionales alertan sobre la crisis
Beaurregard enfatizó que México enfrenta una crisis de desapariciones que el poder «quiere suavizar, maquillar y a veces, simplemente negar». No se trata solo de números, sino de más de 100 mil personas desaparecidas y de familias que escarban la tierra con sus propias manos en busca de sus seres queridos.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que las desapariciones en México continúan y que el Estado no ha respondido con eficacia. Sin embargo, el discurso oficial insiste en que «todo está bajo control» mientras la presidenta habla de avances.
«¿A quién le creemos, al discurso de la presidenta, que nos miente todos los días o a las madres que escarban la tierra con sus propias manos?», cuestionó la exdiputada.
De la omisión a la impunidad
Beaurregard advirtió que el problema no radica solo en la incapacidad institucional, sino en cómo el gobierno minimiza y elude la crisis. «Cuando responde con discursos, en lugar de resultados, entonces la omisión se convierte en impunidad y corrupción», señaló.
Para la coordinadora del foro, México no necesita «discursos optimistas», sino verdad, justicia y un gobierno que enfrente —no administre— la tragedia. «La presidenta no puede ni debe seguir desapareciendo la verdad», concluyó.
El evento dejó clara una realidad: mientras comisiones legislativas permanecen inactivas y el gobierno minimiza cifras, son los ciudadanos, exlegisladores y familias de desaparecidos quienes deben impulsar desde la sociedad civil los espacios de debate que el Estado debería garantizar.