La retórica del miedo: cómo se construyen narrativas sobre amenazas inexistentes
En los pasillos de la diplomacia mexicana resonaron ayer palabras que reflejan una tensión que no es nueva, pero que cobra urgencia en momentos de polarización global. El representante de Cuba ante nuestro país cuestionó de manera frontal los argumentos que Washington esgrime para mantener su política de aislamiento hacia la isla caribeña, argumentando que se trata de un mecanismo de manipulación mediática diseñado para justificar decisiones políticas que afectan a millones de personas.
Eugenio Martínez Enríquez, quien encabeza la misión diplomática cubana en México, se pronunció sobre un informe divulgado recientemente por funcionarios estadounidenses que vincula movimientos sociales latinoamericanos con lo que denominan «terrorismo de izquierda». Para el embajador, esta clasificación representa un patrón histórico de estigmatización que busca delegar de legitimidad a proyectos políticos alternativos y movimientos populares en la región.
Un patrón histórico de criminalización política
La caracterización de activismo social como terrorismo no es un fenómeno reciente en las relaciones internacionales. Durante décadas, gobiernos occidentales han utilizado esta categorización para desacreditar a movimientos que cuestionan el status quo económico y político. Lo que preocupa a observadores y analistas de derechos humanos es cómo estas narrativas se amplifican a través de medios de comunicación, afectando la percepción pública sobre quiénes son considerados «amenazas» y quiénes no.
En el contexto latinoamericano, esta práctica ha tenido consecuencias tangibles. Activistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios han sido criminalizados por sus acciones de resistencia pacífica. En México, hemos sido testigos de cómo se etiqueta como «terrorismo» la protesta indígena, las movilizaciones feministas y la defensa territorial, mientras que actos de violencia perpetrados por otros actores reciben tratamientos narrativos completamente distintos.
El bloqueo económico como contexto fundamental
Para entender la respuesta cubana, es necesario considerar seis décadas de bloqueo económico que ha impactado profundamente la vida cotidiana de los cubanos. Medicinas, alimentos y tecnología enfrentan restricciones que afectan directamente el desarrollo humano en la isla. Desde la perspectiva de La Habana, estos reportes sobre supuestas amenazas terroristas funcionan como justificación propagandística para mantener una política que, según organismos internacionales de derechos humanos, constituye un castigo colectivo a la población civil.
México, como país que ha mantenido relaciones diplomáticas con Cuba a lo largo de estos años, ocupa un lugar particular en esta conversación. Somos puente y testigo de las complejidades geopolíticas que atraviesan el continente. Nuestro país ha experimentado también etiquetamientos injustos y campañas de desinformación que han afectado nuestra imagen internacional, lo que nos permite comprender con empatía los argumentos que plantea la diplomacia cubana.
La necesidad de análisis rigurosos
Lo que demanda la ciudadanía, tanto en México como en toda América Latina, es un análisis riguroso de la información que nos presentan actores geopolíticos poderosos. No se trata de aceptar ciegamente narrativas de ningún bando, sino de exigir evidencia verificable, respeto a debido proceso internacional y reconocimiento de los contextos históricos que explican la realidad política de nuestros países.
La pregunta fundamental que emerge de estos intercambios diplomáticos es: ¿quién define qué es terrorismo y con qué criterios? ¿Cómo podemos asegurar que estas definiciones no se usen como armas para silenciar disidencia legítima?
Un llamado a la reflexión crítica
Para los mexicanos, observar estas disputas diplomáticas nos invita a ser críticos con la información que consumimos, a cuestionarnos sobre las intenciones detrás de los mensajes políticos y a reconocer que los pueblos latinoamericanos tenemos derecho a construir nuestros propios caminos sin imposiciones externas. La soberanía política y la autodeterminación siguen siendo derechos fundamentales aún en el siglo XXI.
Las comunidades que luchan por justicia, territorio y dignidad en nuestro continente merecen que sus demandas sean escuchadas en sus propios términos, no a través de los lentes distorsionadores de campañas de desinformación que buscan legitimizar el status quo de poder global.
Información basada en reportes de: Jornada.com.mx