El Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, anunció que el municipio obtuvo un amparo que impide a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizar cortes o diligencias en instalaciones estratégicas de agua potable. La medida judicial permanecerá en vigor hasta septiembre, cuando está programada una audiencia que definirá la controversia.
El amparo fue promovido después de que la CFE ejecutara una nueva diligencia el miércoles 5 de agosto sin notificación previa, afectando tres plantas críticas para el abastecimiento de agua en el municipio: la Planta Booster, el Rebombeo San Miguel y el Rebombeo Tanque 6. Estas instalaciones fueron restablecidas la misma noche.
Una protección para el agua potable
«La Comisión Federal de Electricidad no puede realizar ningún tipo de corte, ni diligencia en nuestro municipio», aseguró Serrano durante su conferencia «El Poder del Pueblo», donde detalló las acciones legales emprendidas para garantizar la continuidad operativa de las instalaciones administradas por Operagua.
El presidente municipal enfatizó que la diligencia de agosto se realizó sin aviso previo, por lo que la administración municipal actuó rápidamente para proteger el suministro de agua a diversas colonias. «Con absoluta certeza, esta diligencia se efectuó sin notificación previa; por eso, frente a esta situación lo que hicimos fue promover un amparo, el cual nos fue concedido y permanecerá en estas condiciones hasta septiembre», explicó.
Sin adeudos con la CFE
El municipio busca evitar que una controversia de cobro ponga en riesgo el derecho fundamental de la población al agua. Según aclaró Serrano, la administración municipal no mantiene adeudos de las obligaciones correspondientes a su periodo ante la CFE, lo que refuerza la posición legal del municipio en esta disputa.
La suspensión de plano otorgada por el amparo es una medida judicial que detiene inmediatamente cualquier acción de la CFE mientras se resuelve el caso en los tribunales. Con la audiencia programada para septiembre, se espera definir la controversia y establecer un precedente sobre los derechos del municipio en el suministro de servicios esenciales.