El uniforme como disfraz del poder político
En democracia, la policía debe ser guardiana neutral de la ley. Pero ¿qué sucede cuando se convierte en brazo ejecutor de venganzas políticas? El próximo lunes comienza un juicio que obliga a España—y a nosotros en América Latina—a confrontar una verdad incómoda: las instituciones de seguridad no son automáticamente democráticas solo porque existan en regímenes democráticos.
Diez acusados, presuntamente miembros de la cúpula policial, comparecerán ante los tribunales por participar en operaciones que iban claramente más allá de sus funciones legales. No se trata de un caso aislado de corrupción individual, sino de una trama que alcanza los niveles más altos de la institución durante un gobierno anterior. El hecho de que haya tardado años en llegar a juicio ya es revelador en sí mismo.
La captura de instituciones: un patrón latinoamericano
Quienes observamos la política latinoamericana reconocemos este patrón. En la región hemos visto repetidamente cómo las fuerzas de seguridad se transforman en herramientas de gobiernos que las utilizan contra opositores políticos, periodistas o ciudadanos incómodos. México, Brasil, Venezuela, Guatemala: la lista de países donde la policía y militares han sido capturados por lógicas de poder es larga y dolorosa.
Lo que diferencia este caso español es que, al menos formalmente, existe un sistema judicial que está procesando a los responsables. Eso no es un lujo en América Latina. Muchos de nuestros países han visto cómo autoridades policiales cometen abusos sin consecuencias legales reales, protegidas por gobiernos que las consideran útiles.
La pregunta que nadie quiere responder
¿Cuántos agentes seguían órdenes? ¿Dónde termina la cadena de mando? ¿Qué presiones políticas y qué incentivos institucionales permitieron que operaciones ilegales fueran planificadas y ejecutadas desde los despachos? El titular de esta noticia—»son casi todos los que están, pero no están todos los que son»—es particularmente sagaz. Sugiere que el banquillo acusador es incompleto, que hay actores cruciales que no comparecen.
Esto es lo que preocupa genuinamente. En sistemas débiles, los que se sientan en el banquillo suelen ser los ejecutores, no los arquitectos. Los diez acusados pueden terminar siendo chivos expiatorios mientras las decisiones políticas que ordenaron las operaciones quedan en la penumbra.
¿Qué significa una sentencia en este contexto?
Incluso si el tribunal condena a los acusados, el daño institucional ya está hecho. Una policía que ha sido utilizada políticamente pierde legitimidad ante la ciudadanía. Los ciudadanos dejan de verla como servidora de la ley y la ven como lo que fue: una fuerza capturada.
La pregunta más importante no es si habrá condenas, sino qué reformas institucionales seguirán. ¿Se modificarán las estructuras de comando que permitieron estos abusos? ¿Se establecerán salvaguardas reales contra la politización futura? ¿La policía podrá recuperar legitimidad mediante transparencia y rendición de cuentas?
Una lección urgente para la región
Para quienes en América Latina enfrentamos cotidianamente el riesgo de que nuestras instituciones de seguridad sean capturadas por lógicas de poder, este juicio es instructivo. Muestra que incluso en democracias consolidadas, la captura institucional es posible. Y también muestra que, cuando funciona, la justicia puede procesar a los responsables, aunque sea años después.
Lo crucial es mantener presión ciudadana, fortalecer fiscalías independientes, respetar la autonomía judicial y exigir transparencia. No es un problema español. Es un desafío democrático universal. Y mientras más democracias fallen en proteger sus instituciones de seguridad de la captura política, más frágiles serán todas nuestras democracias.
El banquillo está preparado. La pregunta es si las verdades que salgan a la luz servirán para fortalecer democracias o si se diluirán en el ruido político habitual.
Información basada en reportes de: Elperiodico.com