El dilema que define nuestro tiempo
Existe un momento en la vida de toda democracia en el que una pregunta incómoda emerge con fuerza: ¿podemos confiar en quienes tienen el poder de decir qué es legal y qué no? Esta interrogante no es académica ni abstracta. Determina si los ciudadanos acatan las leyes porque las consideran justas o porque temen el castigo. Determina si el sistema funciona o simplemente colapsa en lentitud.
En México, como en buena parte de América Latina, esta pregunta adquiere urgencia cuando el máximo tribunal de justicia comienza a perder la percepción de neutralidad. No es un asunto menor. Es el fundamento sobre el cual descansa la legitimidad de todo el ordenamiento jurídico.
¿Por qué importa la percepción más que la realidad?
Quienes estudian instituciones públicas comprenden una verdad incómoda: lo que importa no es solo si los jueces son imparciales, sino si la sociedad los percibe como tales. La confianza funciona así. Se construye lentamente, con consistencia, y se derrumba con rapidez. Una decisión cuestionable aquí, una aparente toma de partido allá, y la brújula se desorienta.
Cuando los ciudadanos comienzan a sospechar que las resoluciones responden a presiones políticas, cálculos de poder o influencias invisibles, algo fundamental se quiebra. El sistema judicial puede seguir funcionando superficialmente, pero ha perdido su legitimidad moral. Y esa legitimidad es insustituible.
Antecedentes regionales: una enfermedad compartida
México no enfrenta este problema en solitario. En Venezuela, la Corte Suprema se convirtió en instrumento del autoritarismo. En Nicaragua, el poder judicial prácticamente desapareció como contrapeso. En Perú, múltiples escándalos de corrupción judicial han erosionado la confianza. En El Salvador, las reformas precipitadas al sistema de justicia generan preocupación internacional.
El patrón es reconocible: primero cae la imparcialidad percibida, luego cae la independencia real. Los gobiernos descubren que un tribunal domesticado es más útil que las leyes escritas. Los jueces que dudan se alinean. Los ciudadanos se resignan.
Las presiones invisibles
La realidad del poder judicial moderno es más compleja que nunca. Los magistrados no solo enfrentan presión política directa. Existen presiones mediáticas, presiones de grupos de poder económico, presiones de la opinión pública que puede ser manipulada. En redes sociales, una sentencia puede ser prejuzgada antes de que se dicte. Las turbas virtuales sustituyen el análisis jurídico.
Sumemos a esto la composición política de los tribunales. Cuando los miembros son designados por procesos que responden a coaliciones gubernamentales, cuando sus nombramientos dependen de negociaciones políticas, la independencia queda comprometida desde el inicio. No es cuestión de que se corrompan después; nacen ya marcados por la política.
¿Qué se requiere para restaurar la confianza?
No existen soluciones mágicas. Pero los países que han logrado mantener sistemas judiciales más creíbles comparten características: procesos de selección que minimizan la interferencia política, carrera judicial profesionalizada, incompatibilidades claras entre funciones judiciales y políticas, transparencia en las decisiones, y sobre todo, consecuencias reales para quienes vulneran la imparcialidad.
Requiere también que los propios jueces asuman su responsabilidad histórica. No son simplemente empleados del Estado ni árbitros neutrales de un juego. Son guardianes de la legalidad en momentos en que esa legalidad es cuestionada. Esa responsabilidad es enorme.
La pregunta que no podemos evadir
Cada sociedad debe preguntarse: ¿queremos un sistema de justicia creíble o uno que simplemente obedezca? La respuesta determinará qué tipo de democracia construimos. Sin confianza en la justicia, todo lo demás —libertad de prensa, derechos humanos, competencia política— pierde cimientos.
México está en una encrucijada. Las decisiones que tome hoy definirán si sus instituciones judiciales recuperan credibilidad o continúan el lento camino hacia la irrelevancia política. El costo de fallar es demasiado alto para tomérselo a la ligera.
Información basada en reportes de: El Financiero