La venganza contra quienes osan investigar
Hay momentos en la historia contemporánea donde los hechos resultan tan elocuentes que cualquier análisis parece redundante. Sin embargo, también son esos momentos los que exigen mayor claridad precisamente porque la realidad desafía lo que creemos estar viviendo. La decisión de Estados Unidos de sancionar a magistrados de la Corte Penal Internacional es uno de esos eventos que merecen ser examinados sin eufemismos ni tibiezas.
Cuando un Estado democrático sanciona a jueces internacionales por ejercer sus funciones investigativas, no se trata simplemente de una frivolidad diplomática o de un desacuerdo técnico sobre jurisdicciones. Estamos ante algo más profundo y preocupante: la criminalización del escrutinio internacional sobre presuntas violaciones graves del derecho humanitario. Es, en esencia, castigar el acto de investigar crímenes de guerra.
El contexto que las prensas no suelen enfatizar
Durante décadas, América Latina ha sido el territorio donde las grandes potencias ejercen su influencia más descaradamente. Desde dictaduras respaldadas por Washington hasta intervenciones militares justificadas con argumentos que la historia luego desmentía, nuestra región comprende bien cómo funciona el doble estándar internacional. Por eso, el comportamiento estadounidense frente a la CPI no debería sorprendernos, pero sí preocuparnos profundamente.
La Corte Penal Internacional fue creada precisamente para investigar genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Su legitimidad reside en su independencia, en su capacidad de mirar objetivamente hechos que otros prefieren ignorar. Cuando una potencia intenta socavar esa independencia mediante sanciones, lo que realmente está diciendo es: «no queremos que investigues esto porque no nos gusta lo que encontrarás».
La documentación como amenaza
El resumen de los hechos menciona que la propia procuradora fue sancionada por documentar «con demasiada precisión». Esta frase merecería ser marcos en cada facultad de derecho del mundo. ¿Documentar con precisión se ha convertido en un delito? ¿La exactitud en la investigación es ahora motivo de castigo?
Esta lógica es inversa a todo lo que sostiene un Estado de derecho. La precisión es exactamente lo que deberíamos exigir a quienes investigan crímenes, especialmente cuando el acusado es una entidad poderosa. Los jueces internacionales que ordenaron órdenes de arresto lo hicieron basándose en estándares de prueba internacionalmente reconocidos. La respuesta no debería ser sancionar a los investigadores, sino refutar sus hallazgos con evidencia.
El mensaje que se envía
Cuando Washington sanciona a magistrados que investigan a líderes aliados o adversarios por igual, envía un mensaje cristalino a otros tribunales internacionales: la independencia tiene un precio, y es un precio que quizás no todos están dispuestos a pagar. Esto no es accidental; es una estrategia deliberada de erosión institucional.
Para los latinoamericanos, esta dinámica resulta familiar. Hemos visto cómo la capacidad de presión de potencias externas puede moldear la justicia según sus intereses. La diferencia aquí es que no se trata de corrupción interna, sino de coerción internacional contra magistrados que cumplen sus funciones.
Lo que está realmente en juego
No se trata simplemente de Netanyahu, ni de Hamás, ni de controversias sobre Oriente Medio. Se trata de si existe realmente un sistema internacional de justicia o si, en última instancia, solo existe la justicia de quien tiene poder. Se trata de si la ley internacional es un principio o simplemente un decorado que se retira cuando incomoda.
Los argentinos sabemos de desapariciones forzadas. Los chilenos, de represión estatal. Los guatemaltecos, de genocidio. La CPI existe porque nuestros países exigimos que exista, porque comprendemos que sin mecanismos internacionales de justicia, los poderosos escapan impunes. Socavar esa corte es socavar la esperanza de que algún día todos, sin importar su poder, rendiremos cuentas.
La pregunta que debemos hacernos no es si estamos de acuerdo con cada decisión de la CPI. La pregunta es: ¿queremos que exista una institución capaz de investigar independientemente, o preferimos un mundo donde la impunidad es negociable según el balance de poder?
Por ahora, las sanciones han hablado. Y lo que dicen no es nada tranquilizador.
Información basada en reportes de: El Financiero