Cuando gobernar es señalar: la otra cara del poder político en México
En las democracias contemporáneas, la palabra de quien gobierna porta un peso que trasciende lo meramente semántico. Cuando una autoridad, desde una tribuna oficial, pronuncia nombres y los vincula públicamente a supuestas estructuras de oposición, no está simplemente hablando. Está ejerciendo una forma de poder que genera consecuencias reales en la vida de las personas señaladas y en el tejido social que las rodea.
Esta práctica, documentada recientemente en México, expone una tensión fundamental en la relación entre el poder ejecutivo y sus críticos. El gobierno ha utilizado espacios públicos para identificar actores que, según su interpretación, conformarían una maquinaria diseñada para obstaculizar su proyecto político. La estrategia no es nueva en América Latina, pero su persistencia revela algo preocupante sobre cómo se ejerce la autoridad en nuestros países.
El poder de la exposición pública
Cuando un funcionario en posición de mando señala públicamente a ciudadanos, periodistas, activistas u otros políticos, activa mecanismos sociales complejos. La exposición mediática desde una tribuna oficial genera narrativas que trascienden el espacio donde se pronuncian. En la era digital, estas palabras se replican, amplifican y generan sus propias dinámicas independientemente de su veracidad.
Para quienes son señalados, las consecuencias pueden ser significativas: desde presión social hasta efectos en su seguridad personal. Para el tejido democrático, cada acto de esta naturaleza plantea interrogantes incómodas: ¿es legítimo que el poder ejecutivo funcione como acusador público de sus adversarios? ¿Dónde está la línea entre la crítica política legítima y el uso intimidatorio de la autoridad estatal?
Un patrón latinoamericano
Este fenómeno no es exclusivo de México. En Venezuela, Nicaragua, El Salvador y otros países de la región, hemos visto cómo autoridades en ejercicio utilizan espacios oficiales para construir enemigos públicos. La diferencia radica en los grados: algunos gobiernos lo hacen de manera más sofisticada que otros, pero el patrón persiste.
Lo que frecuentemente se presenta como una estrategia contra conspiraciones reales o imaginarias, opera también como mecanismo de control social. Cuando los ciudadanos saben que pueden ser señalados públicamente por el gobierno, tienden a autolimitarse. El efecto intimidatorio funciona incluso sin represión directa.
Más allá de las palabras
El gobierno actual en México argumenta que sus acciones responden a una legítima defensa de su proyecto político —la llamada Cuarta Transformación— contra quienes buscarían sabotearla. Desde esta perspectiva, exponer públicamente estas supuestas estructuras de oposición es un acto de transparencia democrática.
Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre denunciar acciones concretas y criminales, y señalar a personas por sus creencias políticas o sus vínculos profesionales. El primero es ejercicio de rendición de cuentas; el segundo, potencialmente, es abuso de poder.
La responsabilidad del poder
Quienes ejercen autoridad cargan una responsabilidad especial. Sus palabras no son simples opiniones de un ciudadano más. Son pronunciamientos que, por su origen institucional, pueden generar efectos coercitivos reales. Esto es especialmente cierto en países como México, donde la violencia política sigue siendo una realidad y donde los periodistas y activistas enfrentan riesgos reales.
Una democracia saludable requiere que incluso —especialmente— quienes gobiernan se sometan a límites en cómo ejercen su poder. El derecho a criticar, a disentir, a formar coaliciones políticas alternativas, no debe depender de si el gobierno considera que estas acciones son parte de una conspiración legítima.
¿Hacia dónde?
La pregunta que enfrentan los mexicanos es sobre qué tipo de democracia quieren construir en los años por venir. Una donde el poder se ejerce con responsabilidad y respeto por los derechos de todos, incluyendo de los adversarios políticos, o una donde la tribuna oficial se utiliza como arma de señalamiento.
Las democracias latinoamericanas han aprendido, frecuentemente de manera dolorosa, que los precedentes que establecemos hoy se convierten en la normalidad de mañana. Cuando un gobierno señala impunemente desde el poder, está enseñando a futuros gobiernos que esto es aceptable.
En ese sentido, esta no es solo una noticia sobre acusaciones puntuales. Es un recordatorio sobre el tipo de sociedad que construimos cada vez que permitimos—o cuestionamos—estos ejercicios de poder.
Información basada en reportes de: El Financiero