La tentación del control
Existe un consenso casi universal: la desinformación es perjudicial y los medios deben actuar con ética profesional. Pocos discutirían que las audiencias merecen información verificada, contextuada y libre de manipulación deliberada. El problema no reside en estos principios, sino en quién decide cuándo se cumplen.
Cuando un gobierno asume la responsabilidad de arbitrar qué es verdadero y qué no en el espacio público, cruza una línea que ha demostrado ser peligrosa en la historia contemporánea latinoamericana. No se trata de un dilema teórico: es la práctica que precede a la erosión sistemática de libertades.
Una amenaza con precedentes
América Latina ha experimentado variaciones de este fenómeno. Venezuela normalizó las críticas a medios como «enemigos de la verdad». Nicaragua convirtió a periodistas en delincuentes por reportajes incómodos. Bolivia intentó regular contenidos bajo argumentos de responsabilidad social. En cada caso, la retórica comenzó idéntica: proteger a la ciudadanía de mentiras.
Lo que distingue estos procesos es que el poder ejecutivo nunca actúa de forma neutral. Siempre tiene intereses en qué se cubre y qué permanece silenciado. La «verdad oficial» tiende a coincidir sospechosamente con lo que beneficia al gobierno en turno.
El problema del árbitro interesado
Imagina un partido de fútbol donde uno de los equipos también designa al árbitro. El sistema es insostenible porque el árbitro tiene incentivos para fallar a favor de su equipo. Con la información ocurre exactamente lo mismo.
Un gobierno, por bien intencionado que sea, no puede ser simultáneamente jugador y árbitro. Tiene departamentos que quieren esconder información, funcionarios que cometen errores o abusos, políticas impopulares que preferiría no ver cuestionadas. Convertirlo en vigilante de la verdad mediática significa armar a ese jugador con poder para silenciar arbitraje incómodo.
La pregunta que debe formularse es incómoda pero ineludible: ¿quién vigila al vigilante? En democracias maduras, la respuesta incluye controles: tribunales independientes, otros poderes del Estado, sociedad civil organizada, y sí, medios críticos. Cuando el ejecutivo se asume como juez final, esos controles se erosionan.
Más allá de las intenciones
Es posible que quienes promuevan estas medidas crean genuinamente que protegen a la ciudadanía. Pero en política, las intenciones importan menos que los mecanismos que dejamos instalados. Un sistema diseñado para censurar «información falsa» cuando está en manos progresistas seguirá existiendo cuando llegue un gobierno conservador, populista o autoritario.
La historia muestra que instrumentos de censura rara vez se desmantelan voluntariamente. Se heredan. Se expanden. Se normalizan.
Una alternativa incómoda
La verdadera responsabilidad periodística no se impone desde arriba. Surge del profesionalismo, del escrutinio público, de correcciones visibles, de códigos de ética que los medios se autoimponen, de la competencia en el mercado de ideas.
Sí, esto significa tolerar medios malos. Significa vivir con información sesgada. Significa que circularán mentiras que nadie frenará inmediatamente. Es profundamente incómodo. Pero es el precio de la libertad: no puede haber libertad de prensa con un árbitro final que está en la cancha, jugando.
La pregunta real
¿Confían realmente en que el gobierno actual juzgará de forma neutral? ¿Y si confían, confiarán en el próximo? ¿Y en el siguiente?
Esa desconfianza no es cinismo. Es cordura institucional.
Información basada en reportes de: El Financiero