Cuando el Estado elige la ceguera voluntaria
Existe un momento en la historia de cualquier institución en el que sus acciones dejan de ser simples errores de gestión para convertirse en confesiones involuntarias. Eso sucede cuando un gobierno no solo niega un problema evidente, sino que además rechaza la asistencia técnica de organismos internacionales para abordarlo. En ese instante, la negación trasciende lo político y entra en territorio de lo deliberado.
Latinoamérica ha enfrentado crisis de identificación de cadáveres durante décadas. Desde México hasta El Salvador, pasando por Colombia, Brasil y Perú, los repositorios forenses abarrotados y los sistemas de identificación colapsados son cicatrices documentadas de violencia no resuelta. Son miles de familias esperando respuestas, funeral pendiente, duelo imposible. No se trata de especulación: es registro público, informes de organismos de derechos humanos, investigaciones periodísticas verificables.
La medicina que se rechaza
Cuando la Organización de las Naciones Unidas ofrece asistencia en políticas de prevención, detección e identificación de personas fallecidas, no presenta un capricho burocrático. Representa décadas de experiencia acumulada, protocolos probados en contextos similares, tecnología disponible. Es como si alguien rechazara consulta médica ofrecida por especialistas reconocidos porque prefiere negar que está enfermo.
La perversidad de esta negación no está simplemente en ignorar el problema. Está en rechazar consciente y públicamente la solución. Porque eso genera una pregunta incómoda: ¿qué se gana manteniendo un sistema de identificación deficiente? ¿A quién beneficia que no se conozca la verdad sobre los fallecidos?
Patrones que nos deberían alarmar
Este patrón no es nuevo en la región. Gobiernos de diferentes signos políticos han optado por negar cifras de muertos, rechazar auditorías externas o desacreditar a organismos de supervisión internacional. En algunos casos, porque el reconocimiento de la magnitud del problema implicaría admitir fracaso. En otros, porque la verdad comprometería demasiados intereses establecidos.
Lo que diferencia este caso es su desnudez. No hay aquí sofisticación retórica ni negación implícita. Es rechazo explícito a herramientas que podrían sacar a la luz lo que aparentemente se prefiere mantener oculto.
El costo político de la verdad
Las familias de desaparecidos y muertos no identificados pagan un costo que va más allá de lo emocional. Es costo legal, porque sin identificación no hay certeza de qué sucedió. Es costo social, porque impide cierre psicológico. Es costo institucional, porque corroe la confianza en la capacidad del Estado de proteger y, cuando falla, de rendir cuentas.
Cuando un gobierno rehúsa cooperación internacional en este tema específico, comunica algo: que prefiere indefinición a transparencia, que teme más a la verdad que al caos, que está dispuesto a mantener familias en limbo indefinido antes de permitir que ojos externos vean lo que sucede.
¿Qué se gana con la negación?
Quizás tiempo. Quizás la capacidad de seguir contando historias que no encajen con la evidencia. Quizás proteger a actores cuya responsabilidad quedaría expuesta con un proceso forense riguroso. Pero el precio es el desmantelamiento de cualquier pretensión de institucionalidad democrática.
Porque una democracia que teme a la verdad, que rechaza verificación internacional, que mantiene deliberadamente a oscuras a sus ciudadanos sobre el destino de sus muertos, ha dejado de serlo en lo que importa.
La reflexión que queda
Algunos leen estas negaciones como incompetencia. Es más generoso asumir que es cálculo político errado. Porque la verdad, aunque incómoda, eventualmente emerge. Y cuando emerge después de años de negación oficial y rechazo de asistencia, el daño institucional es irreversible.
La pregunta que debemos formularnos como sociedad no es si el gobierno tiene derecho a negar cooperación. Lo tiene, formalmente. La pregunta es: ¿qué nos dice que eliga hacerlo? Y sobre todo: ¿hasta cuándo estamos dispuestos a permitir que elija por nosotros el derecho a no saber la verdad sobre nuestros muertos?
Información basada en reportes de: El Financiero