Congreso mexiquense analiza sanciones más severas por uso de drones en delitos
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense trabaja en una iniciativa para sancionar el uso de drones en delitos de abigeato, despojo y robo. La propuesta, presentada por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena), busca endurecer las penas cuando se utilicen aeronaves no tripuladas para vigilar, recabar información o planear estas conductas ilícitas.
En una reunión de análisis del proyecto legislativo, las comisionadas Emma Álvarez Villavicencio (PAN) y Miriam Silva Mata (PVEM) coincidieron en la viabilidad de establecer estas nuevas sanciones, aunque solicitaron ajustes en la redacción para evitar confusiones legales y amparos posteriores.
Incremento significativo de penas
De aprobarse la iniciativa, las sanciones por estos delitos aumentarían considerablemente. Para el abigeato —actualmente penado con uno a 18 años de prisión y hasta 300 días multa— se elevaría a 27 años de cárcel y 450 días multa. El despojo, que hoy se castiga con confinamiento de cinco a 10 años y 700 días multa, alcanzaría hasta 25 años y 6 meses, con hasta mil 500 días multa. El robo, penalizado actualmente con seis a 12 años de prisión y 250 a 300 días multa, llegaría a 18 años de cárcel y 450 días multa.
Justificación de la propuesta
La diputada María del Carmen de la Rosa explicó que las modalidades delictivas han evolucionado y las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para facilitar conductas ilícitas. Enfatizó que la premeditación mediante tecnologías para cometer delitos debe sancionarse con mayor severidad, enviando un mensaje claro de que los ilícitos con nuevas modalidades serán combatidos, investigados y castigados.
La propuesta también plantea que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) diseñe y opere un protocolo para el manejo de información contenida en los drones relacionados con estos delitos, a fin de evitar violaciones al debido proceso y garantizar que los datos sean admitibles como prueba.
Ajustes necesarios para fortalecer la iniciativa
Emma Álvarez señaló la necesidad de ajustar la redacción para evitar confusiones entre términos penales distintos como abigeato y robo, lo que podría generar amparos o impugnaciones. También enfatizó la importancia de precisar cómo se acreditará el uso del dispositivo y cómo se manejará la información que contenga.
Por su parte, Miriam Silva solicitó evaluar la posibilidad de incorporar otros delitos que podrían cometerse mediante drones, más allá de los tres actualmente contemplados. Además, advirtió sobre la necesidad de fortalecer la redacción para evitar que ambigüedades legales sean aprovechadas por delincuentes para promover recursos de amparo o evadir la acción de la justicia.
Ampliación futura de la reforma
María del Carmen de la Rosa adelantó que su propuesta podría ampliarse para incluir otros delitos que también se cometan mediante el uso de drones. Esta perspectiva abre la puerta a futuras reformas más integrales que abarquen un espectro más amplio de conductas delictivas vinculadas a tecnologías emergentes.
El documento especifica que se propone establecer agravantes a las penas cuando se utilicen aeronaves pilotadas a distancia como herramientas de observación sobre el comportamiento de personas, así como para obtener información sobre bienes muebles e inmuebles, públicos o privados, o para premeditar actividades destinadas a la comisión de delitos.
Capacidades y riesgos de la tecnología
La iniciativa reconoce que las aeronaves pilotadas a distancia pueden desplazarse rápidamente sobre terrenos irregulares, superar obstáculos y capturar imágenes mediante cámaras y sensores electrónicos. Esta capacidad ha comenzado a emplearse para vigilar viviendas, observar hábitos de personas y recabar información sobre bienes con fines delictivos, lo que justifica la intervención legislativa.
Los legisladores insisten en que las sanciones propuestas no excluyen otros castigos adicionales si se configuran otras agravantes o si se cometen delitos relacionados, buscando una respuesta penal integral y proporcional a la gravedad de las conductas.