La batalla por el derecho a existir: LGBTIQA+ versus las terapias de ‘corrección’
En los últimos días, las calles de Baja California se convirtieron en escenario de una confrontación que refleja las tensiones más profundas de la sociedad mexicana contemporánea. Miembros de la comunidad LGBTIQA+ salieron a las avenidas para defender lo que consideran un derecho fundamental: el de existir tal como son, sin presiones para transformar su identidad sexual o de género.
Lo que comenzó como una movilización pacífica para denunciar lo que los activistas denominan como intentos de «terapias de conversión» —procedimientos científicamente desacreditados que pretenden cambiar la orientación sexual o identidad de género— derivó en un enfrentamiento ideológico que polarizó a la región.
Las organizaciones LGBTIQA+ levantaron sus voces porque detectaron lo que interpretaban como un riesgo latente: la posibilidad de que instituciones de salud promovieran internamiento involuntario bajo la justificación de «tratamientos». Este miedo no es infundado en América Latina, donde historialmente se han documentado casos de personas sometidas a procedimientos coercitivos en nombre de la «cura» o la «corrección».
Cuando la reacción divide aún más
Lo que sucedió después revela una verdad incómoda sobre nuestras sociedades: cuando los grupos marginados reclaman derechos, a menudo enfrentan represalias. Los activistas que se manifestaron recibieron ataques de diversos sectores, acusaciones que van desde «ideología de género» hasta amenazas directas a su seguridad personal.
Paralelamente, emergió un contramanifestación que, según reportes, abogaba por el internamiento obligatorio de personas con adicciones. Este fenómeno —la confusión deliberada entre orientación sexual y adicción, o la instrumentalización de temas de salud mental para justificar violaciones a derechos— es común en debates polarizados donde los argumentos se distorsionan.
Un problema de salud que se politiza
La realidad es que México enfrenta crisis genuinas en materia de adicciones y salud mental. Hospitales públicos se encuentran saturados, hay escasez de recursos y muchas familias desesperadas buscan soluciones. Pero esta vulnerabilidad no debe ser usada para justificar prácticas que la ciencia ha refutado.
Organizaciones internacionales como la OMS, la American Psychological Association y diversas asociaciones médicas de América Latina han dejado claro: las «terapias de conversión» no funcionan, causan daño psicológico severo, y vulneran derechos humanos fundamentales. No son medicina; son violencia institucionalizada.
El contexto latinoamericano
Esta batalla en Baja California se inserta en un panorama regional complejo. En varios países latinoamericanos persisten prácticas que buscan «normalizar» a personas LGBTIQA+. El caso específico que detona la movilización actual —aparentemente vinculado a una persona cuyo nombre se ha hecho público— ejemplifica cómo historias individuales se convierten en símbolos de luchas colectivas.
Lo que muchos olvidan es que quienes se manifiestan no piden privilegios: piden lo mínimo. Piden no ser forzados a procedimientos médicos no consentidos. Piden que sus identidades sean reconocidas sin criminalización. Piden seguridad.
Hacia adelante: un llamado a la coherencia
El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar que ninguna institución de salud promueva o permita procedimientos coercitivos basados en la orientación sexual o identidad de género. También tiene la obligación de proteger a activistas que defienden derechos humanos, independientemente de si los comparte o no.
La polarización que estamos viendo refleja una sociedad en transición, donde valores tradicionales conviven —a veces conflictivamente— con concepciones modernas de derechos. Pero esa tensión no se resuelve con represalias o violencia, sino con diálogo informado y políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables.
En una democracia funcional, el espacio público debe ser lo suficientemente amplio para que todas las voces se escuchen. Especialmente las de quienes históricamente han sido silenciados.
Información basada en reportes de: El Financiero