Comerciantes de Nezahualcóyotl bloquean vías y denuncian colusión entre autoridades y extorsionador en penal
Más de 200 comerciantes y pequeños empresarios se manifestaron este martes frente al penal Neza-Bordo y posteriormente bloquearon los carriles del Bordo de Xochiaca y la avenida Adolfo López Mateos durante más de una hora. Su reclamo es claro: exigen un alto a las extorsiones que realiza Brandon Miguel Castellanos desde el interior del reclusorio con supuesta complicidad de autoridades penitenciarias y judiciales.
Las acusaciones contra autoridades penitenciarias
El colectivo «No Más Extorsión Al Comercio en Neza» denunció públicamente a Merly Ingrid Romero, directora del penal Neza-Bordo, de facilitar comodidades al recluso identificado como «El Brandon Miguel». Según los manifestantes, la directora le permite el uso de teléfonos celulares para extorsionar desde la cárcel y, además, le concede control sobre otros internos, a quienes golpea si no cumplen con cuotas semanales.
«Por ello denunciamos públicamente a la directora del penal Neza Bordo, Merly Ingrid Romero, de permitirle al recluso Brando Miguel el uso de celulares para extorsionar desde la cárcel a comerciantes de Nezahualcóyotl», señaló Rosario Barrientos, representante del colectivo de comerciantes.
Extorsiones que llegan a medio millón de pesos
Los comerciantes reportan que la banda «Los Brandon» ha afectado a más de 470 locatarios en la zona oriente del Estado de México, incluyendo Nezahualcóyotl. Las cuotas de extorsión oscilan entre 50 mil y 500 mil pesos, según los denunciantes.
«Esta semana nos llamó Brando Miguel Castellanos a varios de nosotros, comerciantes y pequeños empresarios, desde el penal, para amenazarnos de muerte si no dábamos lo del cobro de piso porque tiene que repartir allá adentro a jueces y autoridades», enfatizó Barrientos.
Hace apenas un mes, supuestos colaboradores del extorsionador balacearon una carnicería en la colonia Metropolitana porque el dueño se negó a enviar 100 mil pesos al reclusorio. Castellanos presume en redes sociales su arsenal de armas de alto poder, incluyendo cuernos de chivo y rifles AR-15, con los que amenaza a quienes se niegan a pagar.
Señalamientos contra el Juez de Control
Los comerciantes también acusan al Juez de Control Miguel Ángel Martínez, responsable de la causa 1966/26, de tener «acuerdos» con el procesado. Temen que la audiencia de vinculación a proceso programada para el 29 de julio resulte en una liberación del extorsionador, como ha ocurrido en dos ocasiones anteriores.
«Que tome en cuenta todas las pruebas aportadas que lo incriminan porque él dice que, aunque esté ahí adentro está muy bien parado con las autoridades», señaló Héctor Casasola, abogado del colectivo, en referencia al juez.
Antecedentes de corrupción
Los manifestantes advierten que en anteriores detenciones de Castellanos, ha logrado su liberación. Incluso removieron a dos fiscales y al jefe de averiguaciones previas por desaparecer pruebas relacionadas con sus casos.
El colectivo pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para garantizar que la justicia se cumpla sin interferencias de autoridades coludidas.
Violencia sistemática documentada
Los videos que el mismo Castellanos presume en sus redes sociales muestran la magnitud de la violencia: desde balaceras hasta quemas de negocios. Los comerciantes insisten en que tienen documentadas todas estas pruebas y las han puesto a disposición de las autoridades competentes.
La protesta evidencia la desconfianza de los comerciantes locales en las instituciones de seguridad y justicia, y subraya la necesidad de una investigación profunda sobre la posible colusión entre autoridades penitenciarias y judiciales con el crimen organizado.