Denuncian abuso tarifario de CFE en zonas populares de la capital
Un análisis crítico sobre la situación de familias de escasos recursos en colonias populares de la Ciudad de México revela una contradicción entre la política de bienestar social del gobierno federal y las prácticas de cobro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según denuncias de residentes en asentamientos irregulares de Valle de Chalco Solidaridad y la alcaldía Tláhuac, la CFE estaría aplicando tarifas de consumo eléctrico residencial que superarían incluso a las comerciales, generando facturas que resultan inalcanzables para familias de bajos ingresos.
Acusaciones contra directivos de CFE
La denuncia señala específicamente a Emilia Calleja, directora general de la CFE, así como a los directores de la Región Volcanes en Valle de Chalco, por presuntamente autorizar y mantener estas prácticas de cobro exorbitante en zonas populares.
Los denunciantes argumentan que esta situación contradice disposiciones constitucionales que garantizan igualdad de derechos y obligaciones para todos los ciudadanos mexicanos, sin distinción de clase social o situación económica.
Agregaron que autoridades locales, incluyendo a la alcaldesa Berenice Hernández Mondragón de Tláhuac, se habrían negado a gestionar la instalación de medidores individuales de consumo, lo que dificultaría a las familias conocer y cuestionar los montos cobrados.
Inconsistencia con la política federal
Los críticos subrayan que estas acciones contradicen directamente la política de bienestar social impulsada por el gobierno federal de Claudia Sheinbaum Pardo, que busca beneficiar a la población de todos los niveles económicos.
El acceso a la energía eléctrica se considera un servicio vital para la vida familiar en México, por lo que los cobros diferenciados y excesivos en zonas de bajos ingresos generan una desigualdad que viola principios constitucionales.
Llamado a supervisión gubernamental
Los denunciantes hacen un llamado al gobierno federal para que supervise las acciones de empleados de alto nivel en instituciones públicas, garantizando que sus decisiones se alineen con los objetivos de justicia social del actual gobierno.
La situación plantea interrogantes sobre mecanismos de control y vigilancia dentro de la CFE para evitar prácticas que afecten desproporcionadamente a la población vulnerable, así como sobre la necesidad de transparencia en los criterios tarifarios aplicados en diferentes zonas de la capital mexicana.