Ex alcaldesa de Capulhuac pierde libertad por agresión motivada por celos
Un arranque de celos le costó su cargo y su libertad a Selene Hernández, ex alcaldesa morenista de Capulhuac. Un tribunal condenó a cinco años de prisión a la ex edil tras encontrarla culpable del delito de abuso de autoridad, luego de agredir y lesionar físicamente a una empleada municipal.
Miriam «N», psicóloga del DIF municipal, fue la víctima del ataque que la alcaldesa perpetró dentro de las instalaciones del instituto. Los hechos ocurrieron cuando Hernández se enteró de que su esposo, quien se desempeñaba como presidente del DIF, mantenía una relación sentimental con la profesional.
Otras condenas en el caso
La sentencia no solo alcanzó a la ex alcaldesa. Dos personas más involucradas en los hechos también recibieron condena condenatoria a prisión: la hija de Selene Hernández y una policía municipal que, según los registros del caso, estuvieron vinculadas a los eventos que derivaron en la agresión.
Un escándalo que expuso fricciones en la administración municipal
El caso sacudió a la administración municipal de Capulhuac y puso en evidencia las tensiones internas en la institución. El hecho de que el presidente del DIF mantuviera una relación sentimental con una empleada de su dependencia, y que la alcaldesa utilizara su posición de autoridad para agredirla, marcó un punto de inflexión en la gestión local.
La ex alcaldesa, quien llegó al cargo bajo las siglas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), vio colapsar su carrera política en cuestión de momentos. Lo que comenzó como un conflicto doméstico se convirtió en un delito perseguible que terminó con su encarcelamiento.
Abuso de autoridad: el delito que la condenó
La condena por abuso de autoridad refleja que los tribunales consideraron que Hernández no solo agredió a una ciudadana, sino que lo hizo valiendose de su posición como autoridad municipal. Este delito es especialmente grave porque compromete la confianza pública y el ejercicio ético del poder público.
Los celos personales no justifican el uso de la fuerza ni el abuso de autoridad. Para la justicia mexiquense, quedó claro que ningún cargo público exime a una persona de respetar la ley y los derechos de otros ciudadanos.