Aprueban hasta 10 años de cárcel por negar justicia a mujeres en el Edomex
Las comisiones unidas de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron imponer penas de hasta 10 años de prisión a servidoras y servidores públicos del ámbito de procuración y administración de justicia que, teniendo la obligación de investigar o sancionar delitos cometidos contra mujeres por razones de género, incurran en corrupción, omisiones, negligencias u obstrucción de investigaciones. La medida busca garantizar el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Sanciones integrales para negligencia en casos de violencia de género
Además de la pena de cárcel, la iniciativa de la diputada Jennifer Nathalie González López (Morena) establece multas de 100 a 150 días y la destitución o inhabilitación del cargo para los servidores públicos responsables. La reforma modificaría el Código Penal estatal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mandatando que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigue todas las muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género y debida diligencia.
La ley Mariana Lima Buendía: un cambio histórico
La iniciativa, denominada también como «Ley Mariana Lima Buendía», retoma modificaciones propuestas por Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio el 29 de junio de 2010 en Chimalhuacán. Durante años, el caso fue archivado como suicidio. Sin embargo, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 25 de marzo de 2015 permitió, por primera vez en la historia de la justicia mexicana, reabrirlo y analizarlo con perspectiva de género, acreditando que se trató de un feminicidio.
«Esta iniciativa representa un paso firme para fortalecer las instituciones y dotarlas de herramientas contra la violencia hacia las mujeres, garantizando que ninguna línea de investigación sea descartada anticipadamente», señaló la diputada González López durante la sesión.
Crisis de feminicidios en el Estado de México
La urgencia de esta reforma se refleja en los números. De los 721 feminicidios registrados en México durante 2025, el Estado de México concentra el 35 por ciento en municipios con Alerta de Violencia de Género, según datos presentados por la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez (Morena). A pesar de que la entidad destinará más de 260 millones de pesos en 2026 para combatir la violencia en los 11 municipios alertados, los legisladores consideran que la inversión presupuestal debe acompañarse de cambios sustanciales a la ley.
Deficiencias sistemáticas en investigaciones
Rivera Sánchez identificó tres deficiencias críticas en las investigaciones de violencia de género: la aparente pérdida de evidencia por parte de funcionarios, la falta de exhaustividad en las carpetas de investigación y la nula aplicación de perspectiva de género en los peritajes iniciales. «La aprobación de esta iniciativa podría contribuir significativamente a disminuir los feminicidios», afirmó.
Tipificación autónoma del delito de negación de justicia
Un aspecto relevante de la reforma es que tipifica, por primera vez de forma autónoma, el delito de negación de la justicia por razones de género. La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), presidenta de la Comisión Legislativa de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, destacó que esta aprobación coloca al Estado de México a la vanguardia nacional y envía un mensaje contundente: «Que la omisión, la negligencia y la complicidad dentro de las instituciones también son un delito y serán castigadas».
Otras deficiencias identificadas
Durante la sesión, legisladores como Octavio Martínez Vargas y Selina Trujillo Arizmendi cuestionaron deficiencias adicionales en el sistema de justicia, incluyendo la falta de mujeres en medicina legal. Señalaron que muchas muertes de mujeres son clasificadas erróneamente como suicidios y que, en ocasiones, los médicos legistas revictimizan a las víctimas.
Trujillo Arizmendi enfatizó la necesidad de fortalecer la prevención mediante redes de apoyo, atención psicológica y jurídica, así como acciones de empoderamiento económico. También criticó que muchas instancias sigan siendo «demasiado cuadradas» con horarios de atención que dificultan que las víctimas reciban apoyo oportuno.
Contexto legal actual
El Código Penal estatal vigente establece penas de 40 a 70 años de prisión por feminicidio y transfeminicidio, además de multas de 700 a 5 mil días, las cuales pueden incrementarse en una tercera parte por agravantes. Con esta nueva reforma, se complementaría el marco legal para responsabilizar también a quienes desde las instituciones niegan justicia a las víctimas.