Desmantelan falso secuestro de alcaldesa de Tenancingo
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desarticuló un elaborado esquema de fraude en el que la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles, orquestó su propio secuestro para justificar un desvío de 40 millones de pesos del erario público. La investigación reveló que el evento, ocurrido el 31 de mayo, fue coordinado entre la propia alcaldesa, su esposo y otros cómplices.
Tres detenidos y mandamiento contra dos más
La FGJEM ha detenido a tres individuos: Karla Valeria «N», Víctor Manuel «N» y Christian «N». Además, solicitó audiencia de formulación de imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para capturar a dos hombres más. Todos están presuntamente relacionados con el caso.
La versión inicial del «secuestro»
Según la denuncia presentada el 1 de junio, Nancy Nápoles reportó que el 31 de mayo estaba junto a su vehículo Volkswagen Jetta fuera de su domicilio cuando llegó un auto rojo con dos hombres y una mujer. Uno de ellos la tomó del brazo, la amenazó con un arma y la obligó a abordar el vehículo. Los supuestos captores le entregaron un celular para que pidiera 40 millones de pesos de rescate, advirtiéndole que no alertara a la policía.
Nápoles afirmó que logró escapar aprovechando un descuido de sus captores y pidió ayuda en un domicilio cercano. Su esposo y el director de seguridad pública fueron por ella.
Las evidencias que lo desmintieron todo
El análisis de videograbaciones fue clave. Las cámaras de vigilancia capturaron el momento del «secuestro» y revelaron una realidad muy diferente: no hubo actos de violencia, sometimiento ni resistencia. Las imágenes mostraban a uno de los presuntos captores incluso auxiliando a Nápoles para que bajara de su vehículo y subiera al auto rojo sin ningún tipo de fuerza.
El vehículo utilizado, un Volkswagen Virtus color rojo, era conducido habitualmente por Karla Valeria «N». El análisis de comunicaciones telefónicas entre los participantes registró 136 llamadas entre abril y junio de 2026, lo que demostró la coordinación previa del operativo.
El plan desde febrero
Las investigaciones establecieron que desde febrero de este año, José Roberto «N» (esposo de Nápoles) y Oscar «N» (cuñado de la alcaldesa) planeaban el «falso secuestro». Oscar contactó a Christian «N» y le ofreció 500 mil pesos para participar. Christian, a su vez, invitó a su pareja sentimental Karla Valeria «N» y al hermano de esta, Víctor Manuel «N».
En una entrevista en sede ministerial, uno de los participantes confesó: «Todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero».
La alcaldesa dirigía el operativo
El análisis de las investigaciones reveló detalles aún más incriminantes. El día de los hechos, Nápoles llegó a su domicilio conducida por su hermana. Cuando el vehículo Virtus rojo llegó, ella misma indicó a los participantes la ruta que debían seguir para evadir las cámaras de videovigilancia.
Cuando escucharon sirenas de patrullas (alertadas por familiares), la alcaldesa expresó que el despliegue probablemente se debía a que habían avisado a las corporaciones de seguridad. Utilizando el teléfono de Víctor Manuel «N», se comunicó con su hermana diciéndole que estaba bien y le pidió expresamente «que no avisara a la policía».
Posteriormente, ante la intervención policial, le dijo a sus acompañantes: «Todo se salió de control», indicándoles que la dejaran en un camino de terracería de El Capulín para simular su escape.
Investigación y denuncias complementarias
El dispositivo móvil que usaron para las llamadas presentó desplazamiento hacia la colonia Tabacalera en la Ciudad de México y posteriormente a San José La Noria en Oaxaca, donde estuvo activo del 8 al 10 de junio.
Los tres detenidos huyeron a Oaxaca, donde fueron capturados el 11 de junio mediante colaboración entre la Fiscalía mexiquense y la del estado de Oaxaca.
Por la presunta afectación de 40 millones de pesos al erario municipal, se dio vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para investigar el desvío de fondos públicos.