Abogacía mexiquense exige correcciones en el Sistema de Gestión Judicial
La abogacía mexiquense de la Zona Oriente presentó una serie de demandas críticas al Magistrado Dr. Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, durante un encuentro en Tlalmanalco. Las asociaciones, barras y colegios de abogados de la región aprovecharon la visita para visibilizar problemas estructurales que afectan el acceso a la justicia en una zona que históricamente ha sido marginada por los gobiernos estatales.
Discriminación contra adultos mayores en juzgados
El Licenciado José Luis Sánchez Fernández, representante del Colegio de Abogados del Valle de México, Filial Amecameca, denunció actos de discriminación sistemática contra personas adultas mayores. Según su reporte, actuarios y servidores públicos exigen sin fundamento legal que los adultos mayores sean acompañados por una persona de confianza en todos sus trámites judicales, argumentando que carecen de capacidad por su edad.
«Esta práctica limita derechos fundamentales y obstaculiza la tramitación de procedimientos judicales», señaló Sánchez Fernández. El abogado enfatizó que no existe base legal para estas restricciones discriminatorias.
Sistema de exhortos: fallas críticas en el envío de documentos
Los abogados también identificaron graves deficiencias en el Sistema de Gestión Judicial utilizado para el envío de exhortos. Reportaron que múltiples documentos no llegan a sus destinos debido a la falta de capacitación, deficiencias técnicas del sistema y negligencia de servidores públicos.
Esta situación genera retrasos significativos en los procedimientos y aumenta la carga de tramitación, causando perjuicio directo a los usuarios del servicio judicial. Los colegios de abogados pidieron explícitamente que se implemente un uso correcto y eficiente de este sistema.
Riesgo de colapso: detenciones arbitrarias y delitos fabricados
La situación más grave identificada por los juristas es el riesgo de colapso del sistema penal estatal. Denunciaron un aumento alarmante en consignaciones de carpetas de investigación simuladas, originadas por detenciones arbitrarias de personas a las que se les atribuyen delitos inexistentes o cometidos en flagrancia fabricada.
Los casos documentados incluyen acusaciones de narcomenudeo, cohecho (delito derogado desde 2017) y portación de arma prohibida, supuestamente utilizados como justificación para librar órdenes de aprehensión en investigaciones completamente ajenas. Según los abogados, estas prácticas resultan en la privación de libertad de personas inocentes mientras los delincuentes reales continúan actuando con impunidad.
Jueces como cómplices de prácticas delictivas
Los colegios de abogados señalaron que, aunque estas conductas deben denunciarse ante la Fiscalía General de Justicia, existe complicidad de Jueces de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento en toda la entidad. Estos magistrados dictan Autos de Vinculación a Procesos y Sentencias Condenatorias basados en denuncias de testigos claramente manipulados o suplantados, sin cuestionar la imputación.
«El argumento de ‘imputación firme y directa’ se utiliza sin dudas ni verificaciones para validar procedimientos ilegales», explicaron los juristas. Esta práctica se ha institucionalizado, vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Impacto en la sociedad y legitimidad de la justicia
El resultado de estas prácticas es un deterioro profundo de la confianza en el sistema judicial. La sociedad se ve afectada por la impunidad de delincuentes reales mientras personas inocentes son condenadas. Los abogados enfatizaron que estas conductas ilegales y delictivas generan agravios colectivos y erosionan la legitimidad del Poder Judicial.
Con esta denuncia, la abogacía mexiquense de la Zona Oriente busca que las autoridades judiciales implementen correctivos inmediatos en el uso del sistema de gestión judicial, eliminen prácticas discriminatorias y frenen la fabricación de delitos que alimenta un sistema penal injusto y corrupto.