La factura económica de la guerra carcelaria: cuándo la seguridad se cobra en bolsa
Las consecuencias de una operación de seguridad no siempre se miden en titulares de arrestos o enfrentamientos. A veces, el verdadero precio aparece días después en los mercados financieros, cuando los inversores comienzan a calcular el daño colateral de decisiones que, sobre el papel, buscan restaurar el orden.
A finales de este mes, México experimentó una ola de violencia coordinada que paralizó ciudades, cerró negocios y, más relevante para esta columna, erosionó casi 28 mil millones de pesos en valor de mercado en apenas 48 horas. El detonante: operaciones contra una de las estructuras criminales más poderosas del país. Pero aquí viene lo interesante: mientras los titulares celebraban la captura de objetivos de seguridad nacional, los mercados gritaban algo completamente diferente.
La paradoja del éxito operativo
Cuando una agencia de seguridad logra neutralizar a un objetivo de alto valor, la narrativa oficial suena así: «misión cumplida». Los números de prensa son limpios, binarios. Pero la economía no funciona en binarios. Funciona en cascadas.
El sector aeroportuario y aéreo fue particularmente golpeado. Esto no es casualidad. Las redes criminales, una vez reciben el golpe de una operación mayor, tienden a responder de maneras que paralizan la circulación de personas y bienes. Cierres de carreteras, bloqueos de accesos a infraestructura crítica, enfrentamientos en zonas urbanas. Mientras esto ocurre, los mercados de capitales no espian a que todo se normalice. Venden primero, preguntan después.
Una aerolínea que cancela vuelos no genera ingresos ese día. Las pérdidas se acumulan exponencialmente porque, en el sector de transporte aéreo, cada vuelo no realizado representa un costo fijo ya invertido (combustible asignado, personal programado, mantenimiento preventivo) sin compensación de ingresos.
El costo invisible de la inseguridad estructural
Aquí es donde el análisis se vuelve incómodo para cualquier administración: si una sola operación contra un criminal genera pérdidas de 28 mil millones de pesos en 48 horas, ¿cuánto cuesta la presencia permanente de esas estructuras criminales durante años?
La respuesta es mucho más. Estudios de instituciones como el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) han estimado que la violencia criminal cuesta a México entre el 2 y el 3 por ciento del PIB anualmente. Cuando proyectas eso a una economía de más de un billón de dólares, hablamos de decenas de miles de millones de pesos perdidos cada año en inversión desviada, empresas que no se crean, empleos que nunca existen.
Lo que los mercados reflejaron en esta ocasión es la volatilidad, la incertidumbre concentrada en 48 horas. Pero es importante contextualizarlo: esa volatilidad es una gota en un océano de daño económico estructural que la presencia de estas organizaciones genera de manera permanente.
¿Quién absorbe estos costos?
Aquí viene la pregunta que ningún comunicado oficial responde directamente: ¿quién paga estas pérdidas?
Técnicamente, los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa. Pero en la práctica, los costos se distribuyen hacia abajo. Empleados que pierden empleos cuando las aerolíneas ajustan plantillas. Pequeños comerciantes que dependen del turismo que no llega porque los vuelos fueron cancelados. Consumidores que eventualmente pagan precios más altos cuando las empresas intentan recuperarse.
En Latinoamérica, este patrón se repite. Brasil experimenta variaciones similares en sus mercados cuando hay operaciones contra el crimen organizado. Colombia ha documentado este fenómeno durante décadas. El dilema es fundamentalmente este: ¿es posible combatir el crimen organizado sin estos costos económicos agudos? ¿O son estos saltos de volatilidad simplemente el precio de no actuar?
Lo que los números no dicen
Cuando se trata de evaluar operaciones de seguridad, tendemos a simplificar: objetivo capturado = éxito. Pero en un país donde la violencia está entrelazada con la economía, el análisis tiene que ser más profundo.
Los 28 mil millones de pesos en pérdidas bursátiles de estos dos días son reales. Pero también son un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es que estructuras criminales tienen suficiente poder para desencadenar, mediante represalias, caídas de mercado que se miden en decenas de miles de millones.
La pregunta que debería ocupar a los responsables de política pública no es solo «¿logramos capturar al objetivo?» sino también «¿estamos construyendo un sistema donde estos costos disminuyan de manera sostenida, o solo estamos tratando síntomas?»
Porque aquí es donde el periodismo de tecnología y economía se entrelaza: en un país donde la seguridad es frágil, incluso los sistemas más modernos de mercados financieros terminan siendo rehenes de la inseguridad estructural. Y eso, amigos, es un problema de diseño de sistema que ningún operativo puede resolver solo.
Información basada en reportes de: El Financiero