Cuando la política se divide en dos realidades
En México ocurre algo que desconcierta a analistas y encuestadores: los números de aprobación presidencial se mantienen relativamente sólidos mientras la angustia ciudadana por la violencia alcanza niveles casi paralizantes. No es una contradicción. Es, más bien, un espejo de una sociedad fracturada que ha aprendido a compartimentalizar sus esperanzas y sus miedos en casillas separadas.
La paradoja no es nueva en Latinoamérica. Hemos visto gobiernos con buena evaluación popular en economía pero cuestionados en seguridad; mandatarios respaldados por carencia de alternativas creíbles; administraciones que heredan crisis tan profundas que cualquier movimiento positivo, aunque modesto, genera gratitud relativa. México, sin embargo, presenta un matiz particular: la aprobación persiste precisamente porque existe una demanda clara y sin ambigüedades sobre qué debe resolver el gobierno.
La deuda que nadie puede ignorar
Cuando los ciudadanos aprueban a una presidenta pero simultáneamente señalan la inseguridad como su mayor preocupación, no están siendo inconsistentes. Están siendo realistas. Están diciendo: «Reconozco tu gestión en otros aspectos, pero esto es lo que más duele». Es un respaldo condicional, atado a una expectativa muy específica.
La seguridad se ha convertido en la métrica definitiva de legitimidad política en México. No es la única, pero pesa más que cualquier otra en la balanza ciudadana. Un gobierno puede tener políticas sociales progresistas, mantener estabilidad macroeconómica, implementar reforma educativa; pero si la gente no puede circular por su ciudad sin miedo, si los comerciantes cierren sus negocios al anochecer, si los padres no saben dónde están sus hijos después de las ocho de la noche, el resto se vuelve secundario.
Esto no es capricho electoral. Es trauma colectivo. México ha vivido dos décadas de violencia acumulativa que ha generado cicatrices profundas en el tejido social. Los números duros lo confirman: desapariciones forzadas, homicidios dolosos, extorsión. Pero más allá de las estadísticas, existe una sensación generalizada de que el Estado perdió el monopolio legítimo de la fuerza hace mucho tiempo.
La ventana de oportunidad que se cierra
Lo que revelaba el resumen es algo fundamental: la presidenta Claudia Sheinbaum hereda una legitimidad inicial, tal vez potenciada por ser la primera mujer en ocupar el cargo y por la continuidad con el proyecto político anterior. Pero esa reserva de buena voluntad tiene un reloj. No es ilimitada.
En otros contextos latinoamericanos hemos visto este patrón. Gobiernos que inician con aprobaciones cercanas al 60-70%, pero que ven erosionarse rápidamente esa base cuando no logran traducir intenciones en resultados concretos en seguridad. El caso brasileño, el chileno, incluso el colombiano reciente, muestran que la paciencia ciudadana frente a la violencia es más bien una ilusión temporal.
¿Qué significa esto? Que los números actuales de aprobación no deben interpretarse como estabilidad garantizada, sino como una oportunidad de tiempo limitado. Sheinbaum tiene un período donde el rechazo ciudadano aún no se cristaliza. Es el momento en que las políticas de seguridad deben mostrar resultados tangibles, no solo narrativas de cambio.
La pregunta incómoda
¿Puede un gobierno con buena aprobación general fracasar? Sí, rotundamente. Si ese respaldo está fundamentado en una sola expectativa incumplida. La historia regional lo demuestra.
Los ciudadanos no piden milagros imposibles. Piden que el Estado recupere presencia territorial, que instituciones como policía y justicia funcionen con mínima competencia, que la violencia criminal enfrente una respuesta real. Mientras eso no ocurra, la aprobación presidencial seguirá siendo un dato desvinculado de la realidad cotidiana de millones de mexicanos.
El desafío no es incompatible con la aprobación actual. Es su requisito de continuidad.
Información basada en reportes de: El Financiero