El dilema de la imparcialidad en tiempos de desconfianza
Existe un momento crítico en la vida institucional de cualquier democracia: cuando el Poder Judicial, ese árbitro que se suponía neutral y objetivo, comienza a ser observado con la misma sospecha que cualquier otra rama del gobierno. México atraviesa precisamente ese momento. No porque sea único en esto—es un fenómeno que recorre América Latina como una sombra—sino porque sus consecuencias son particularmente corrosivas para un sistema que ya enfrenta grietas profundas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es, en teoría, el guardián de la Constitución, la última palabra sobre qué es legítimo y qué no en el funcionamiento estatal. Su autoridad descansa en una premisa fundamental: que sus ministros actúan sin presiones, sin agendas ocultas, sin lealtades que no sean con la ley. Cuando esa premisa se tambalea, no se tambalea solo una institución. Se tambalea la confianza en el sistema completo.
La erosión silenciosa de la confianza
¿Qué significa que la neutralidad judicial deje de ser una regla? Significa que los ciudadanos empiezan a leer sentencias no como resoluciones técnicas basadas en derecho, sino como movidas políticas. Significa que una decisión favorable a los derechos humanos se recibe con escepticismo. Que una resolución sobre competencias entre poderes se analiza no por su fundamentación legal, sino por quién gana políticamente. Significa, en suma, que el tribunal pierde su principal activo: la legitimidad basada en la percepción de imparcialidad.
Esto no es mera percepción abstracta. En México, los últimos años han traído episodios que alimentan estas dudas. Desde cambios en la composición de la Corte hasta decisiones que han beneficiado sistemáticamente a ciertos actores políticos o económicos, pasando por la visible polarización ideológica entre ministros. Cuando los propios integrantes del tribunal debaten públicamente sus posturas políticas, cuando sus voto se predicen según su color político, algo fundamental se quiebra.
El espejo latinoamericano
No es casual que este problema aqueje a México con particular intensidad. En toda América Latina, hemos visto cómo los sistemas judiciales se convirtieron en campos de batalla políticos. Bolivia, Venezuela, Perú—las historias son variadas, pero el patrón es similar: cuando los gobiernos en turno logran controlar el tribunal supremo, la legalidad se convierte en un instrumento de poder, no en su límite.
Lo que diferencia a México es que aún existen resquicios de independencia, voces disidentes dentro de la Corte, aunque sean minoría. Eso es precisamente lo que está en juego: si esos espacios desaparecen, si la Corte se convierte en un simple apéndice de las decisiones ya tomadas en otra parte, México habrá cruzado un umbral del que resulta muy difícil regresar.
La pregunta incómoda
¿Cómo se recupera la confianza en una institución judicial cuando ha sido erosionada? No existen fórmulas mágicas. Requiere, en primer lugar, que los propios ministros comprendan que su legitimidad no está garantizada, que es frágil y debe cultivarse constantemente. Requiere transparencia radical en las decisiones, no solo en el fallo sino en el razonamiento. Requiere que se abstengan de tomar partido públicamente en cuestiones políticas.
Pero también requiere algo más difícil: que los otros poderes del Estado respeten realmente la autonomía del tribunal. Que no lo presionen, que no lo interfieran, que lo dejen ser lo que debe ser: una institución que a veces molesta a todos porque actúa conforme a derecho, no conforme a conveniencia.
La encrucijada
La SCJN enfrenta una prueba de fuego. No es simplemente mantener la apariencia de imparcialidad, sino reconstruir la realidad de la imparcialidad. Para ello, debe reconocer que la confianza pública no es un lujo sino una necesidad estructural. Un tribunal sin legitimidad percibida es un tribunal en vías de extinción, aunque siga existiendo formalmente.
La pregunta que México debe hacerse es incómoda pero inevitable: ¿queremos un tribunal supremo que juzgue conforme a derecho aunque nos desagrade, o preferimos un tribunal que confirme nuestros prejuicios pero que ya no sea verdaderamente un tribunal? La respuesta, creo, es clara. El camino para llegar ahí, mucho menos.
Información basada en reportes de: El Financiero