Protección integral para los 1.8 millones de hectáreas forestales del Estado de México
El Congreso mexiquense avanza en la creación de un sistema estatal y municipal de protección permanente a los bosques, acompañado de una fiscalía especializada en delitos ambientales. La propuesta, respaldada por diputados de Morena, PT y Movimiento Ciudadano, busca frenar la tala ilegal, la degradación forestal y el cambio de uso de suelo que amenaza los ecosistemas de la entidad.
En sesión de comisiones unidas, la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) presentó una iniciativa que complementa el paquete de reformas conocido como ‘Ley FALG’, en honor a la lucha ambiental de su familia. Esta propuesta se estructura en tres ejes fundamentales: justicia, institucionalidad y regulación.
Penas severas y coordinación entre gobiernos
Las reformas aprobadas en marzo de 2025 ya establecieron sanciones de 10 a 20 años de prisión para quienes, sin autorización legal, participen en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de montes y bosques. Ahora, la nueva iniciativa busca fortalecer estas medidas con mecanismos de coordinación más efectivos.
El sistema propuesto funcionará como un mecanismo de articulación entre gobiernos estatal y municipales, organismos especializados, instituciones académicas y ciudadanos expertos. La Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) mantendrá sus funciones de vigilancia forestal, mientras que los municipios conservarán su responsabilidad territorial.
Los sistemas municipales deberán celebrar convenios para prevenir la tala ilegal y fomentar la colaboración entre autoridades y participación ciudadana. Paralelamente, la fiscalía especializada en delitos ambientales actuará de manera coordinada en operativos de protección forestal.
Desafíos en permisos de construcción y presupuesto
Durante la sesión, la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez (Morena) planteó la necesidad de definir responsabilidades municipales en la emisión de permisos de construcción, dado que el cambio de uso de suelo hacia proyectos inmobiliarios es un factor determinante en la degradación forestal.
El diputado Javier Cruz Jaramillo (Morena) enfatizó la importancia de regular la quema controlada de pastizales, que actualmente afecta no solo zonas de cultivo sino también montes y reservas naturales, especialmente en el sur del estado. Ambos legisladores coincidieron en que el presupuesto asignado será fundamental para lograr los objetivos.
Ruth Salinas Reyes (Movimiento Ciudadano) advirtió que aunque la iniciativa es sólida, debe estar respaldada por un presupuesto suficiente para evitar que quede únicamente en el papel. Recordó que el Estado de México concentra una de las zonas forestales más relevantes del centro del país, con funciones estratégicas para la recarga de acuíferos, regulación climática y conservación de biodiversidad.
Educación ambiental y participación ejidal
La legisladora Angélica Pérez Cerón (Morena) destacó la inclusión de educación ambiental desde la infancia, argumentando que la protección forestal debe surgir de la conciencia y el corazón, no solo de las leyes.
El diputado Gerardo Pliego Santana (Morena) propuso integrar a organizaciones ejidales en las acciones gubernamentales, reconociendo que los ejidatarios son los principales poseedores de los bosques y enfrentan dificultades para mantener y vigilar sus territorios.
Sistema de información y reformas legales
La iniciativa contempla la creación de un sistema único de información forestal que integrará datos sobre autorizaciones, licencias y permisos emitidos por autoridades competentes, además de un inventario forestal actualizado.
El proyecto de decreto plantea reformas al Código para la Biodiversidad, a la Ley de la Fiscalía General de Justicia, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley Orgánica Municipal. Busca asignar atribuciones a las secretarías del Campo; del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para que participen de forma coordinada en la ejecución de políticas forestales, educación ambiental y mecanismos de participación ciudadana.
Con casi el 49 por ciento de su superficie total cubierta de bosques —1.8 millones de hectáreas—, el Estado de México enfrenta el reto de convertir esta propuesta legislativa en acciones concretas que protejan su patrimonio forestal.